Julio Garro, cada vez más complicado por la causa de los loteos: durante su gestión se permitieron cientos de desarrollos sin autorización

El ex intendente de La Plata Julio Garro quedó formalmente imputado en una causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la autorización y comercialización de loteos y desarrollos inmobiliarios durante su gestión, entre 2015 y 2023. El expediente analiza si desde el municipio se habilitaron urbanizaciones sin contar con la correspondiente convalidación legal y técnica de la Provincia.

La investigación está a cargo del fiscal Juan Menucci, titular de la UFI 5, con intervención de la jueza de Garantías Marcela Garmendia. A Garro se le atribuyen, en esta etapa, presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la denuncia que dio origen al expediente, durante el período investigado se habrían autorizado cientos de desarrollos inmobiliarios que no contaban con la autorización provincial exigida por la normativa. Un relevamiento de la actual gestión municipal identificó alrededor de 450 barrios y loteos irregulares, de los cuales unos 250 presentarían dificultades para ser regularizados.

La situación judicial abre un escenario delicado para el ex intendente: si la investigación logra acreditar los delitos que se le atribuyen y posteriormente la Justicia determina su responsabilidad penal mediante una condena, Garro podría enfrentar una pena de prisión, dependiendo de las figuras delictivas finalmente acreditadas y de la resolución que adopten los tribunales.

Por ahora, sin embargo, se trata de una imputación y no de una condena, por lo que Garro mantiene el principio de inocencia mientras avanza la causa. Desde el entorno del ex intendente rechazaron las acusaciones y sostuvieron que durante su gestión no se aprobaron desarrollos inmobiliarios que no contaran con la correspondiente ordenanza municipal. La investigación continúa y será la Justicia la que determine si existieron delitos y, eventualmente, quiénes resultaron responsables.