La ex funcionaria platense Albertina Mangini quedó en prisión preventiva y la causa investiga una presunta red de juego clandestino

La Justicia de La Plata dictó la prisión preventiva de Albertina Mangini, Mauro Perrotta e Ignacio Leonel Marchioni, en el marco de una investigación por una presunta organización dedicada a la explotación de juego clandestino, el uso de identidades de terceros y la circulación y lavado de fondos provenientes de esas maniobras.

La medida fue dispuesta por el juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Crispo, a pedido de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2. La investigación abarca hechos que habrían ocurrido, al menos, entre noviembre de 2023 y junio de 2024.

Los tres imputados están acusados, con distintos grados de atribución, por delitos vinculados con asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos y lavado de activos agravado.

Cómo habría funcionado la organización

Según la reconstrucción incorporada al expediente, la presunta organización habría funcionado mediante una estructura con división de tareas para explotar plataformas de casino virtual clandestino.

Los denominados "paneles" se encargaban de captar jugadores, administrar fichas, recibir apuestas, pagar premios y transferir parte de las ganancias a quienes controlaban la infraestructura utilizada para las operaciones.

Uno de los principales puntos de la investigación es la presunta utilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales abiertas a nombre de terceros. De acuerdo con la resolución judicial, para canalizar el dinero se habrían utilizado teléfonos con aplicaciones financieras preactivadas y datos digitales obtenidos previamente.

El rol atribuido a Albertina Mangini

En el expediente aparece Albertina Mangini, quien se desempeñaba como secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados del Departamento Judicial La Plata.

El juez consideró que, en esta instancia, existen elementos para sostener que Mangini habría captado personas en situación de vulnerabilidad y ofrecido dinero a cambio de documentación y datos biométricos que posteriormente habrían sido utilizados para crear cuentas digitales.

Uno de los episodios investigados surgió a partir del testimonio de una mujer que aseguró que Mangini le habló de un hombre llamado "Mauro", quien podía pagarle $80.000 a cambio de una cuenta.

Según su declaración, fue citada a un bar ubicado en 7 y 56, donde otras dos mujeres le solicitaron el documento y escanearon su rostro con un teléfono. La mujer habría recibido primero $20.000 y posteriormente otros $60.000 transferidos por Mangini.

La investigación financiera también detectó cuatro transferencias desde una cuenta abierta a nombre de esa víctima hacia Mangini por un total de $370.000.

Qué se le atribuye a Mauro Perrotta

Respecto de Mauro Perrotta, la Justicia tuvo en cuenta distintos elementos que, según la resolución, lo vincularían con la administración de uno de los paneles de juego clandestino.

Entre ellos aparece una billetera de Ualá abierta a nombre de una víctima y vinculada a un teléfono registrado a nombre del acusado. También fueron analizadas conexiones realizadas desde direcciones IP correspondientes a un servicio contratado por Perrotta.

Durante la investigación, el propio acusado declaró y describió el funcionamiento del panel que administraba. También hizo referencia al uso de cuentas pertenecientes a terceros para cobrar apuestas y pagar premios, a instrucciones recibidas mediante Signal y a la intervención atribuida a Mangini para conseguir nuevas cuentas.

El juez consideró que existen elementos suficientes, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, para atribuirle los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos y lavado de activos agravado.

Una cuenta con más de $27 mil millones en movimientos

Otro de los tramos de la resolución está relacionado con Ignacio Leonel Marchioni, a quien la investigación ubica principalmente en la etapa vinculada con la recepción, circulación y conversión de fondos.

El expediente analiza múltiples cuentas bancarias y billeteras virtuales, además de operaciones con otros investigados y movimientos vinculados con activos digitales.

Uno de los datos de mayor magnitud surge de una cuenta de la plataforma Haz Pagos. Según la resolución, allí se registró un flujo bruto de $27.149.888.153,28, compuesto por más de $13.574 millones en ingresos y una cifra prácticamente idéntica en egresos.

El fallo también menciona operaciones vinculadas con Catriel Taubenschlag y movimientos con activos virtuales que, de acuerdo con los informes incorporados a la causa, alcanzaron un volumen combinado de 8.390.722,78 USDT, equivalente en el análisis judicial a más de $10.868 millones.

En el caso de Marchioni, Crispo consideró acreditada provisoriamente su probable intervención en asociación ilícita y lavado de activos. Sin embargo, descartó en esta instancia atribuirle el delito de defraudación informática al no encontrar elementos suficientes que lo vincularan directamente con la captación de personas, la obtención de datos biométricos o la apertura de las cuentas.

Por qué seguirán detenidos

La situación de los tres imputados fue analizada de manera individual. En el caso de Mangini, el juez mantuvo la imputación por asociación ilícita y defraudación informática, pero consideró que por el momento no existen elementos suficientes para sostener su intervención penalmente responsable en el lavado de activos.

Crispo rechazó los planteos de libertad y consideró que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, entre ellos la posibilidad de influir sobre testigos.

El magistrado también ponderó la cantidad de personas que habrían intervenido en la organización y, en el caso de Mangini, su condición de agente judicial y el contacto que habría mantenido con personas en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, las tres detenciones fueron convertidas en prisión preventiva y se solicitó cupo al Servicio Penitenciario Bonaerense para su alojamiento en unidades carcelarias.

Además, el juez dispuso la inhibición general de bienes de Mangini, Marchioni y Perrotta mientras continúe el proceso o exista una resolución en contrario.

La medida patrimonial es de carácter cautelar y la prisión preventiva no implica una condena: los tres imputados deberán afrontar el proceso mientras la investigación continúa para determinar las responsabilidades penales que correspondan.