Los abogados del país se encuentran en una situación de alarma tras el anuncio del Gobierno Nacional sobre un proyecto de ley que propone implementar el divorcio exprés en sede administrativa. Esta medida permitiría a las parejas disolver su vínculo matrimonial sin la necesidad de intervención legal, simplemente presentándose en el Registro de las Personas de su jurisdicción.

Los impulsores de la iniciativa, liderada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, argumentan que este proceso sería gratuito, en contraste con los costos significativos del método tradicional. Sin embargo, muchos profesionales del derecho advierten que esta simplificación podría ocultar complejidades legales y derechos fundamentales que requieren un tratamiento más riguroso.

El proyecto, enviado recientemente al Congreso, busca modificar el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación, equiparando el divorcio administrativo con el judicial. La propuesta incluye la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y tiene como objetivo aliviar la carga sobre el sistema judicial, permitiendo a los cónyuges disolver su matrimonio de forma rápida y económica.

Históricamente, el divorcio requería justificación y tiempo, pero una reforma en 2015 ya había establecido que la voluntad de al menos uno de los cónyuges era suficiente para iniciar el proceso. La nueva propuesta va un paso más allá, planteando que el cierre del vínculo matrimonial pueda realizarse a través de un simple trámite administrativo.

Mientras algunos celebran la idea de un divorcio más accesible, los abogados advierten sobre las posibles repercusiones de esta desregulación. "Siempre hay derechos vinculados y situaciones de poder que podrían quedar desprotegidos", señala un profesional del derecho, reflejando la preocupación de la comunidad jurídica ante lo que consideran un enfoque simplista para un tema tan complejo.

A medida que el debate se intensifica en el Congreso, la comunidad legal permanece en alerta, preparada para movilizarse en defensa de un proceso que consideran fundamental para proteger los derechos de las personas en situaciones de separación.