La fiscal de La Plata María Eugenia Di Lorenzo (UFI 17) solicitó la prisión preventiva para los seis policías que cumplían funciones en la Comisaría Tercera de Los Hornos. Se trata de Juan Alejandro Osuna (Oficial de calle), Ariel Nahuel Ortega Jurado (Oficial de calle), María Jose Barrera (Area de Judiciales), Daiana Belen Maidana (Oficial de calle), Miguel Del Valle Gonzalez (Comisario Jefe de la Dependencia), y Patricia Ester De Campo (Oficial de calle). 

El pedido de la funcionaria judicial fue convalidado por el Juzgado de Garantías en las últimas horas. 

La acusación para todos ellos es por "Robo calificado por el uso de arma de fuego, por ser cometido en poblado y banda, y por ser ejecutado por miembros de las fuerzas policiales, en concurso real con Allanamiento Ilegal, Falsificación ideológica de instrumento público, Falso testimonio, Privación ilegal de la libertad y Abuso de autoridad. 

En el petitorio que la fiscal le envió al Juzgado de Garantías, se indica que en la madrugada del 14 de septiembre los seis policiales fingieron un llamado telefónico anónimo, luego concurrieron a un domicilio de calle 526 bis entre calles 177 y 178 de Melchor Romero de La Plata (Ajeno a la jurisdicción de Los Hornos), y sin orden judicial, munidos de armas de fuego, ingresaron ilegalmente al lugar. Una vez allí amenazaron a los presentes, dispararon al menos dos veces accionando una escopeta intimidando a los ocupantes.  

“Abusando de la autoridad que les brida la investidura policía, redujeron a un grupo conformado por veinticinco o treinta personas que se encontraban en el lugar practicando "piky voley" y juegos de azar”, se lee en una de las fojas judiciales. 

 Para la fiscal los policías se dividieron los roles e hicieron tareas de vigilancia con intimidación, en ese marco se apoderaron ilegítimamente de todo el dinero que allí había además de que sustrajeron joyas y celulares, también abrieron los autos de las víctimas en busca de pertenencias.

Se estima que esa noche los oficiales se llevaron más de 6 millones de pesos y unos 6.700 dólares que se sumaron a 3 millones de pesos guaraníes. Los denunciantes pertenecen a la comunidad paraguaya. 

En la hipótesis acusadora la fiscal agrega que los implicados privaron de la libertad a 10 personas a las que eligieron “al azar” y la trasladaron a la Comisaría Tercera, ninguna de ellas fue esposada y permanecieron encerrados en una cocina de la dependencia policial ubicada en Avenida 137 entre 61 y 62. Un video filmado por un testigo clave, fue presentado en la causa como prueba, se ve el violento proceder de los policías durante esa madrugada, también se observa a las víctimas en el piso y sobre una mesa una abundante cantidad de billetes: “Las

imágenes son claves”, contó un vocero judicial consultado por este medio. En la causa penal la Policía Federal hizo pericias sobre ese video, con esas tareas los peritos buscaron reconocer a los policías implicados. Fue la misma PFA la que llevó a cabo los arrestos informados por este medio hace dos semanas. 
 

La fiscal no les cree

La oficial María José Barrera declaró en indagatoria y dijo que estuvo en el operativo pero que nunca vio a su jefe (Comisario Del Valle) hablando con alguna autoridad judicial. Agregó que solo siguió directivas de su superior directo ya que si no lo hacía es posible de sanción: “Cuestionar una orden jerárquica se castiga con traslado”, relató la imputada al tiempo que sostuvo que desconocía si esa noche había o no orden de allanamiento. 

 La detenida Daiana Belen Maidana también declaró en la causa en ese mismo sentido, la fiscal hizo una valoración que no favoreció a las oficiales y les dio credibilidad a los denunciantes:  

“Los dichos de las imputadas no resultan suficientes para desvirtuar la responsabilidad endilgada, las declaraciones de los damnificados tienen pleno valor convictivo. Lo cierto es que ingresaron a un domicilio particular sin orden de allanamiento ni instrumentación de  orden verbal alguna, intentando justificar el ingreso ante  un supuesto ademán de un sujeto que se encontraba en la  puerta y al cual ninguna de ellas puede reconocer ni pudo ser individualizado, retuvieron en el piso y golpearon a más de treinta personas durante largo tiempo, procediendo a su requisa personal de cada uno en forma pormenorizada en busca de todo objeto de valor”, refiere la fiscal en su descargo.  

¿Un fiscal intocable?

 El caso del robo a la comunidad paraguaya provocó movimientos y tensiones en el fuero penal de La Plata. Los hechos se dieron cuando el fiscal Álvaro Garganta (UFI 11) estaba de turno, pese a que no hubo orden escrita para que la policía irrumpa en el galpón de Melchor Romero, los policías se metieron igual. 

 El Juez de Garantías en turno era Pablo Raele (Juzgado 3). Voceros judiciales consultados por este medio indicaron que: “Nadie le comunicó al juez sobre el procedimiento, tampoco pusieron a disposición detenidos. Todo pareció armado”, expresó una alta fuente con llegada al caso.  

¿Pueden los policías actuar sin aval del fiscal? ¿lo hicieron pasando por encima de la autoridad judicial? Desde el fuero penal indicaron que “lo más probable es que hayan actuado con una

directiva IN BOCHE, es decir por medio de una comunicación telefónica, esto evita la elaboración de documentos oficiales”, explicaron.  

 Hasta ahora también es un misterio el destino del dinero sustraído en ese robo ilegal. En ese marco resulta sugestivo el silencio de 4 de los 6 policias detenidos, entre los que callen está el Comisario Del Valle y sus allegados oriundos de Florencio Varela. 

 El fiscal Alvaro Garganta no fue mencionado en la acusación de Di Lorenzo, algo que también llamó la atención de propios y extraños en el fuero penal de La Plata.