Gremiales

Haz lo que yo digo, no lo que yo haga: UPCNBA un gremio señalado por los lujos de sus dirigentes

La Secretaria General de UPCNBA, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
La Secretaria General de UPCNBA, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Desde el fallecimiento del histórico Carlos Quintana, la Seccional Provincia de Buenos Aires del gremio habría experimentado una preocupante transformación, que para muchos la convertiría en una suerte de sociedad anónima, donde el objetivo principal parecería ser el beneficio personal de unos pocos a costa de los aportes de los afiliados.

Según distintas voces críticas, el foco de la conducción actual estaría puesto en asegurar el futuro económico de ciertas familias —entre ellas las de Mosquera, Nieves, Rodríguez, Diyorio y Oyarzabal— antes de que finalice el mandato. Mientras tanto, se reiterarían discursos sobre la defensa de los intereses de los trabajadores y de la carrera administrativa, aunque en la práctica habría una actitud de complacencia con un gobierno provincial que, según se observa, estaría más ocupado en realizar actos políticos que en resolver las necesidades urgentes de la población.

En un contexto económico donde se estima que una familia necesita más de un millón de pesos para no caer en la pobreza, tanto el gremio como el gobierno provincial optarían por criticar al gobierno nacional, sin asumir las responsabilidades propias ni ofrecer respuestas concretas.

El final de la conducción de Quintana habría generado un vacío difícil de llenar. Durante su gestión, cualquier afiliado podía acercarse a la sede gremial y recibir una respuesta directa, incluso del propio secretario general o del entonces secretario gremial, Diego Retola (hoy secretario adjunto). Actualmente, ese nivel de cercanía y respuesta ya no existiría.

La actual conducción, encabezada por Fabiola Mosquera, sería cuestionada por no tener un recorrido gremial sólido ni conquistas para mostrar. Según trascendidos, Mosquera habría construido su carrera sobre la base de vínculos políticos, especialmente en el ámbito cultural, y sostendría una estructura interna basada en la obediencia incondicional. Aquellos que no la apoyarían explícitamente —incluso con gritos de “Fabiola conducción”—, habrían sido apartados o desplazados.

Algunos casos levantarían sospechas por sus múltiples fuentes de ingresos o actividades simultáneas. Por ejemplo, Silvina Diyorio, secretaria de capacitación, trabajaría en IOMA, sería funcionaria del Ministerio de Transporte (cartera recientemente señalada por presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas), y además percibiría un sueldo del gremio.

Juan Pablo Oyarzabal, secretario gremial, tendría un cargo base en el Ministerio de Producción, pero también cumpliría funciones como asesor en ARBA, y estaría vinculado a ciertos “negocios” extraoficiales, según versiones que circulan en los pasillos gremiales.

Otro caso llamativo sería el de Nieves, de quien se cuestiona su alto nivel de vida, que incluiría vehículos de alta gama, propiedades en barrios cerrados, sociedades financieras y frecuentes viajes al exterior, lo que difícilmente se correspondería con una trayectoria sindical tradicional. A esto se sumaría la figura de su pareja, Mariela Rodríguez, actual secretaria administrativa, quien tendría un cargo base en el Registro de las Personas, pero también estaría vinculada a cursos en la Dirección General de Cultura y Educación por los que cobraría montos elevados, sin evidencia clara de su cumplimiento efectivo.

Según trascendidos internos, estos dirigentes percibirían sueldos que superarían ampliamente el medio millón de pesos mensuales, además de viáticos, cobertura de gastos y eventuales viajes al exterior. En contraste, la mayoría de los trabajadores representados no alcanzaría ni la mitad del ingreso necesario para superar la línea de pobreza, y los empleados municipales estarían aún más relegados, con sueldos que no superarían los $280.000.

Frente a esta situación, muchos afiliados sentirían que el gremio ya no los representa. La oferta de beneficios parecería haberse reducido a un sorteo mensual de escasa transparencia y una cobertura médica básica. Así, se instalaría la percepción de que el afiliado ideal es aquel que “juega y se enferma”, pero no reclama.

Lo que alguna vez fue el gremio más importante y respetado de la provincia, estaría atravesando una de sus crisis más profundas, dominado por una lógica corporativa, verticalista y excluyente, alejada de las bases trabajadoras que, en otra época, sentían respaldo y cercanía de sus representantes.

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