En un clima de creciente descontento profesional, un grupo de abogados de la ciudad de La Plata está investigando los movimientos financieros realizados por la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires, en particular por su presunta participación en una operación de financiamiento al Estado bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli. Aquella maniobra habría incluido el otorgamiento de un préstamo millonario —a través de la compra de bonos en dólares— sin consulta previa a los afiliados y con una utilización discrecional de los aportes previsionales.

Según documentos revelados por medios nacionales como El Cronista, la provincia de Buenos Aires apeló en 2012 a las cajas previsionales de profesionales —incluyendo las de abogados, arquitectos, escribanos y contadores— para financiar su déficit fiscal, que superaba los $5.000 millones. La Caja de Abogados habría prestado $20 millones, a cambio de un bono en dólares a 10 años, con una tasa de interés atada a la BADLAR más un 1%, con tope del 7% anual. La operación, cuestionada desde su origen, fue justificada por las autoridades de entonces como una "inversión estratégica", pero nunca fue debidamente informada ni auditada públicamente.

La maniobra fue vista como una forma encubierta de expropiar recursos previsionales de los futuros jubilados, y hoy vuelve a generar tensiones, en particular cuando no se han rendido cuentas claras sobre el destino de esos fondos ni los beneficios reales obtenidos. Un grupo de abogados de La Plata estaría trabajando en una denuncia formal para exigir explicaciones, determinar posibles responsabilidades administrativas y penales, y garantizar que no se repitan actos similares.

Embargos, ejecuciones y ausencia de sensibilidad social

Mientras tanto, miles de colegiados denuncian que atraviesan situaciones económicas delicadas. En lugar de recibir apoyo o planes de pago acordes a la realidad actual, la Caja de Abogados habría optado por una política de persecución judicial implacable, iniciando ejecuciones, embargos y medidas cautelares contra colegas que no han podido afrontar sus aportes. La rigidez del sistema es tal que ni siquiera se ofrecen convenios de pago flexibles o adaptados a la situación de jóvenes profesionales, trabajadores independientes o personas en estado de vulnerabilidad.

El doble estándar indigna: por un lado, el dinero de los afiliados se invierte supuestamente discrecionalmente en operaciones con el Estado, sin controles ni consenso; por otro, los propios aportantes son judicializados, embargados y expulsados del sistema sin contemplación alguna. “Es una lógica recaudatoria, inhumana y ajena a los principios de una verdadera seguridad social”, denunció una abogada con más de 15 años de ejercicio.

Marina Mongiardino: una figura cuestionada

En este contexto, también se pone bajo la lupa el rol político de Marina Mongiardino, actual presidenta del Colegio de Abogados de La Plata. Mongiardino ha ocupado varios cargos en la administración pública, incluyendo el de Secretaria de Justicia de la Municipalidad de La Plata y Directora de Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.

También fue Directora de Asuntos Legislativos de la Agencia de Asistencia Técnico Legislativa del mismo ministerio. Su actual rol en la Secretaría de Justicia municipal y su cercanía con el exintendente y actual ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, generan suspicacias sobre su independencia como representante de los colegiados.

Abogados críticos denuncian que la conducción actual del Colegio responde más a una lógica partidaria que a la defensa real de los intereses de los profesionales. “Están ejecutando a colegas por aportes impagos sin ofrecer ningún tipo de beneficio tangible, sin siquiera transparentar en qué se usan los fondos”, aseguró un litigante con más de 20 años de ejercicio profesional.

El futuro bajo amenaza: ¿Fin de la Caja?

Frente a este panorama, la posibilidad de una eventual victoria libertaria en la provincia de Buenos Aires plantea un escenario aún más incierto. Voceros de La Libertad Avanza ya han adelantado que, en caso de asumir el control del Ejecutivo bonaerense, impulsarán la desregulación total de las cajas previsionales profesionales, eliminando la obligatoriedad de los aportes y promoviendo esquemas privados de capitalización. Para muchos abogados, esto implicaría el fin de la Caja tal como hoy existe.

“Nos obligan a aportar compulsivamente a una caja que no nos representa, que invierte nuestro dinero sin consultarnos, y que encima nos persigue judicialmente si no podemos pagar”, denuncia un abogado joven. “Y ahora resulta que ese dinero fue usado para tapar agujeros fiscales de una gestión provincial quebrada. Es una burla”.

Falta de transparencia y posible colapso institucional

La falta de transparencia es una constante. No existen canales públicos de rendición de cuentas ni balances accesibles para los afiliados. Las decisiones se toman entre pocos actores, muchas veces con intereses políticos cruzados. Se sospecha incluso de presuntos acuerdos espurios entre autoridades del Colegio y el Ejecutivo provincial, los cuales estarían destinados a blindar el statu quo.

 En medio de este panorama, la credibilidad del sistema previsional para abogados bonaerenses se encuentra en su punto más bajo. Sin respuestas claras, sin transparencia ni representación legítima, y con un horizonte político que amenaza con la desaparición de la Caja, muchos colegiados comienzan a organizarse para exigir auditorías, intervenir judicialmente si fuera necesario, y promover una reforma de fondo.

En el Colegio de Abogados crece la preocupación ante la posibilidad de que La Libertad Avanza gane terreno en la provincia, ya que temen que eso facilite la aprobación de un proyecto impulsado por la diputada nacional Marcela Pagano, que propone la desregulación de los colegios profesionales. Según advierten desde el sector, "el objetivo es quedarse con las cajas profesionales", lo que generaría un fuerte impacto en el funcionamiento y la autonomía de estas instituciones.