La agrupación "Viví en Libertad" Liderada por Viviana Aguirre ex funcionaría del PAMI y diputada nacional por la LLA presentó su propuesta “para abordar los desafíos más urgentes de la sociedad, enfocándose en cuatro áreas fundamentales: salud, educación, trabajo e inseguridad”, una tomada de pelo a los ciudadanos que atraviesan costos de vida tras las políticas de ajuste y represión de su gobierno.

Como cada miércoles, jubilados y jubiladas marchan frente al Congreso para reclamar un aumento en los haberes y son reprimidos por Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria que, una vez más, reprimieron a los manifestantes, aplicando el violento protocolo antipiquetes de la ministra Patricia Bullrich.

El principal reclamo es la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto del prescindente Javier Milei a la ley que establecía un incremento en los ingresos del sector. Caso que Aguirre -que se autodefine como alguien que trabaja “bajo la línea de Javier Milei y Victoria Villarruel”, presentó una fuerte denuncia por corrupción, al programa de Atención Médica Integral (PAMI) de la ciudad de La Plata.

La acusación llegó de parte exfuncionaria del organismo y diputada suplente en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), quien aseguró que le pidieron una alta suma de dinero y que firmara “papeles ilegales” al asumir el cargo.

Según detalló el 6 de mayo, en diálogo con “Radio con vos”, cuando conoció al presidente Javier Milei “a través de los pasillos de distintos canales, cuando aún era candidato, y se sintió atraída por su discurso de terminar con la casta y traer un cambio para el país. Ahí fue cuando comenzó a trabajar para él en La Plata e incluso fue fiscal en la localidad bonaerense. Aclaró: “Puse $15 millones en la campaña, fui fiscal general e iba al Hotel Libertador a acompañarlos. Por eso, cuando me ofrecieron la dirección de PAMI en La Plata lo tomé con todo el amor del mundo”.

También acusó a Sebastián Pareja, armador bonaerense de LLA, y a su colaborador, Juan Osaba, de haberla desvinculado de su rol al frente de la agencia del gobierno por “negarse a ocultar hechos de corrupción”

En ese marco, Aguirre sostuvo que no les gustó que “le cortara el grifo de la corrupción” al PAMI y explicó que obligaban a los empleados a desviar parte de sus sueldos (aproximadamente un 5%) para financiar actividades partidarias y que hubo licitaciones poco transparentes en varias delegaciones del país.

La diputada Viviana Aguirre ha puesto en el centro de su agenda “las demandas de los jubilados, los veteranos de Malvinas y los profesionales de la salud”. Pero esta vez, la violencia sistemática ejercida por el estado contra los manifestantes la llevó a redoblar la apuesta. “La gente acompaña y la policía agrede. Algunos medios ensobrados no muestran la realidad. Basta de silencio”, sentenció Aguirre, en clara alusión tanto al blindaje mediático como al accionar represivo avalado por el gobierno.

Su respaldo se extendería a los médicos argentinos, a quienes ha acompañado en su lucha por mejores condiciones laborales y reconocimiento profesional. Un insólito compromiso con los trabajadores en un sistema de salud desfinanciado, donde su “acto político en defensa de la salud pública”,  no se condice con las políticas que aboga el partido al que representa.

Dado que actualmente El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad de Argentina, enfrenta una crisis estructural agudizada por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

 A pesar de haber eliminado un déficit operativo de casi $31.000 millones mediante una estrategia de eficiencia y aumento de ingresos por prestaciones, la institución sufre una pérdida salarial acumulada de hasta el 60% desde diciembre de 2023.

El conflicto escaló cuando el Consejo de Administración otorgó un bono extraordinario de $500.000 al personal, financiado con recursos propios generados por el aumento en la facturación. El Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, consideró esta medida incompatible con la política fiscal del gobierno y solicitó la renuncia de todos los miembros del Consejo.

En respuesta, los trabajadores del Garrahan han intensificado sus protestas, incluyendo movilizaciones y actividades públicas para visibilizar la crisis. El hospital, que atiende anualmente a más de 600.000 pacientes y realiza alrededor de 100 trasplantes pediátricos, se encuentra en una encrucijada donde la sostenibilidad de su excelencia médica está en riesgo.

El caso del Garrahan refleja las tensiones entre las políticas de austeridad del gobierno nacional y la necesidad de garantizar el acceso a la salud pública de calidad, especialmente para la población infantil más vulnerable.