Pasó un mes desde que estalló el escándalo del fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 34 pacientes en la provincia de Buenos Aires, 18 de ellas en la ciudad de La Plata. A pesar del impacto sanitario y judicial, la causa sigue estancada: no hay imputados ni citaciones a familiares, y reina un fuerte hermetismo.

Según informó El Editor Platense a partir de fuentes con acceso al expediente, la causa está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, un dato que genera sospechas de posible encubrimiento político.

Sol, madre de Renato, una de las víctimas, denunció: “No nos atienden ni el teléfono. Me presenté como querellante, pero ni siquiera me llamaron a declarar”. Mientras tanto, la investigación expone una feroz interna entre empresarios farmacéuticos, operadores judiciales y exfuncionarios.

En el centro del entramado figura Andrés Quinteros, exdiputado provincial y dirigente del PJ bonaerense, quien según documentos oficiales es apoderado de Laboratorios Ramallo y jefe de Productos Regulados de HLB Pharma Group, las dos firmas vinculadas al fentanilo adulterado.

Testigos declararon que Quinteros intentó manipular a exempleados para que presentaran denuncias falsas contra otros directivos, incluso ofreciéndoles armas para cometer asesinatos, según detalló El Editor Platense. Sin embargo, la Justicia no lo ha citado aún.

Por otro lado, Ariel García Furfano, dueño de laboratorios que distribuyeron las ampollas contaminadas, deslindó responsabilidades y apuntó directamente contra Quinteros, aunque no pudo demostrar la trazabilidad legal del fentanilo.

La jueza federal solicitó informes a la ANMAT para investigar fallas graves en los controles sanitarios de laboratorios y droguerías involucradas, mientras la fiscalía evalúa imputaciones por comercialización de medicamentos peligrosos.

Fuentes judiciales indicaron a El Editor Platense que existen “presiones políticas muy fuertes” para frenar el avance de la causa, que permanece estancada en el Juzgado Federal de La Plata, dejando a las familias sin respuestas y a la sociedad expuesta a un grave riesgo sanitario.