La Justicia avanza en la investigación por la tragedia del fentanilo contaminado que ya se cobró 53 vidas en hospitales de La Plata, Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y CABA. En las últimas horas, se conoció un video clave en la causa: muestra escenas de destrucción dentro del laboratorio HLB Pharma, en San Isidro, donde se produjeron algunas de las partidas bajo sospecha. Las imágenes, grabadas el 12 de mayo, exhiben oficinas revueltas, expedientes rotos, y un gabinete con la frase pintada “100 familias sin laburo”, justo en el área donde se almacenaban los registros de producción y control de calidad.
El video se registró apenas tres días antes de los siete allanamientos ordenados por el juez federal Ernesto Kreplak, el 15 de mayo, luego de que se detectaran las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae MBL en lotes del potente opioide. Las autoridades sospechan que el ataque a la planta pudo haber sido una maniobra para destruir documentación clave solicitada tanto por la Justicia como por la ANMAT.
Según fuentes de la investigación, ese mismo día los responsables del laboratorio –los hermanos García Furfaro– habrían retirado mercadería en camiones de su marca Tres Arroyos, con destino a un depósito en General Rodríguez perteneciente a otra empresa del grupo, Cables Epuyén, que aún no fue inspeccionado.
La causa también analiza una presunta “entradera” denunciada por el laboratorio, en la que habrían desaparecido cajas fuertes que contenían citrato de fentanilo, según informó la SEDRONAR. La hipótesis de encubrimiento, adulteración de pruebas y desvío de opioides cobra cada vez más fuerza.
En paralelo, la Justicia comienza a definir posibles imputaciones penales contra los responsables de HLB Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., las dos firmas involucradas en la producción y distribución del fentanilo contaminado. Ambas están bajo investigación por desvíos en los controles de calidad y una de ellas, además, enfrenta una denuncia por narcotráfico vinculada a operaciones en la Triple Frontera, que ya fue girada a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
Hasta el momento, los peritajes no lograron determinar en qué etapa del proceso se produjo la contaminación, pero se aguarda un informe clave del Cuerpo Médico Forense. El objetivo es establecer si hubo alertas previas o negligencias que permitan identificar a los responsables de la cadena de fallas.
Mientras tanto, el número de víctimas fatales continúa en aumento y se estima que 306 hospitales de todo el país habrían recibido ampollas de los lotes contaminados. Las autoridades trabajan contrarreloj para retirar los productos en circulación y solicitan a las instituciones de salud que informen si administraron el fentanilo a pacientes con cuadros infecciosos compatibles con las bacterias detectadas.
La investigación, a cargo del juez Kreplak, se consolida como una de las más graves del sistema sanitario argentino en los últimos años, con posibles derivaciones penales, administrativas y sanitarias de alcance nacional.