El expediente por el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años arrastrada por más de 15 cuadras tras un robo de auto en Altos de San Lorenzo, dio un nuevo giro judicial. La fiscal Carmen Ibarra solicitó el juicio oral para el adolescente de 17 años acusado de conducir el vehículo robado que terminó con la trágica muerte de la menor. La jueza María José Lescano deberá resolver si acepta el pedido y eleva la causa a la etapa de debate oral.

El hecho conmocionó a la región: Kim iba junto a su madre en el auto que fue sustraído por dos adolescentes. En plena huida, el conductor, hoy imputado, arrastró a la niña por varias cuadras hasta provocar su fallecimiento. La fiscal Ibarra dio por probado que el acusado era quien manejaba el vehículo, y lo imputó por homicidio agravado en ocasión de robo. El otro sospechoso, de 14 años, fue señalado como cómplice, pero es inimputable por su edad. Actualmente se encuentra alojado en un centro juvenil bajo una medida de seguridad.

La investigación tuvo un punto clave: fue la propia madre del acusado de 17 años quien lo identificó como uno de los responsables del ataque, lo que permitió avanzar en la causa.

Mientras la jueza Lescano evalúa la solicitud de la fiscal, este medio pudo saber que es inminente la elevación a juicio oral, donde se definirán las responsabilidades penales por la muerte de Kim.

El caso, ocurrido en el este del Gran La Plata, tuvo una profunda repercusión social. Marchas, homenajes y actividades culturales se realizaron en memoria de la niña. A su vez, el episodio reavivó el debate nacional sobre la edad de imputabilidad y el rol del Estado en la prevención del delito juvenil.

Organizaciones sociales y vecinos exigieron mayor seguridad en las calles, mientras que organismos de derechos humanos advirtieron sobre los riesgos de endurecer el régimen penal juvenil sin acompañarlo de políticas integrales de inclusión y contención.

La resolución judicial que se conocerá en los próximos días marcará un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por Kim Gómez. Al mismo tiempo, el caso sigue interpelando a toda la sociedad sobre la violencia, la responsabilidad penal de los adolescentes y la protección efectiva de la infancia en la Argentina.