El escándalo por el fentanilo contaminado sacude a La Plata y al país entero: el juez federal Ernesto Kreplak ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para 31 personas físicas y jurídicas vinculadas a la producción y distribución de este potente analgésico, que ya fue relacionado con la muerte de al menos 54 pacientes, 15 de ellos en el Hospital Italiano de La Plata.

Las medidas judiciales, adoptadas entre mayo y julio, apuntan a evitar maniobras que entorpezcan la investigación y a preservar bienes que podrían tener origen ilícito. En el centro de la escena están los hermanos Ariel, Damián y Diego García, su madre Nilda Furfaro y su abuela Olga Arena, quienes forman el núcleo familiar detrás de HLB Pharma Group S.A., uno de los laboratorios principales bajo investigación, junto a Laboratorios Ramallo y Droguería Alfarma.

Según la resolución, existe un entramado societario complejo que incluye también a Regional Med SRL, Glamamed SRL, Nueva Era Rosario SRL, Surar Pharma SA, Droguería Mayorista SA y Cables Epuyen SRL. Todos estos actores, directa o indirectamente, habrían participado en la comercialización nacional de ampollas contaminadas con al menos dos bacterias, las cuales coinciden fenotípicamente con las encontradas en hemocultivos de pacientes fallecidos.

La ANMAT ya sancionó a los laboratorios involucrados por "desvío de calidad", mientras la Justicia continúa recolectando pruebas clave. Entre los nuevos involucrados aparecen Sebastián Daniel Nanini y Andrea Silvana Chierasco, actuales autoridades de HLB Pharma tras la renuncia de Olga Arena. En allanamientos recientes realizados en Moreno se encontraron medicamentos almacenados sin control, lo que agrava aún más el cuadro.

El Hospital Italiano fue uno de los primeros en denunciar el uso de ampollas contaminadas y se constituyó como querellante junto al Ministerio de Salud de la Nación y varias familias de las víctimas. El juez Kreplak remarcó que el caso va más allá de un simple error de fabricación: las pruebas indican una posible responsabilidad penal en cadena.

Aunque aún no hay imputados formales, los peritajes científicos y los 19 allanamientos realizados colocan a la causa en una etapa clave. Mientras tanto, la Justicia ya notificó las medidas a registros de propiedades, vehículos, embarcaciones y clubes privados para inmovilizar el patrimonio de los involucrados.

La tragedia del fentanilo contaminado no solo dejó un saldo de víctimas fatales, sino que expuso una red de negocios turbios con licitaciones públicas y distribución nacional. El próximo paso será determinar el grado de responsabilidad penal de cada uno de los actores implicados en esta mortal cadena farmacéutica.