Lunes 14 de julio de 2025
Un fallo del juzgado federal de La Plata asestó un fuerte golpe judicial al presidente Javier Milei. En una resolución con implicancias políticas de gran alcance, el juez Alberto Recondo y el fiscal federal N°2, Oscar Gutiérrez Eguía, determinaron que los mensajes publicados en la cuenta oficial de Milei en la red social X (ex Twitter) deben considerarse expresiones institucionales.
Esta interpretación afecta directamente su estrategia legal en el caso Libra, una causa por estafa vinculada a la promoción de una criptomoneda.
La resolución se dio en el marco de una causa impulsada por la familia de Ian Moche, un niño autista de 12 años, a quien Milei atacó públicamente a través de su cuenta oficial, calificándolo de estar "del lado del mal". A raíz del hecho, se inició una denuncia judicial, que ahora derivó en un fallo con impacto más allá del caso particular.
Según argumentó el fiscal Gutiérrez Eguía, la cuenta de Milei en X posee una verificación gris, distintivo que la plataforma otorga exclusivamente a jefes de Estado. Esto, sumado al uso de símbolos oficiales y la notoriedad pública de su investidura, refuerza la conclusión de que las publicaciones deben considerarse institucionales, y no personales.
El juez Recondo coincidió con este criterio y declaró la competencia federal del caso, lo que sienta un precedente relevante sobre cómo deben interpretarse legalmente las expresiones del presidente en redes sociales.
El fallo representa un revés crucial para Milei en la causa por la criptomoneda Libra, en la que decenas de personas denunciaron haber sido estafadas tras invertir en un esquema que él mismo promocionó desde su cuenta verificada. Hasta ahora, la defensa del presidente ha intentado desligar su responsabilidad argumentando que actuó "a título personal", como economista y no como jefe de Estado.
Sin embargo, la nueva resolución judicial refuta esa posición. Para la Justicia, el uso de la cuenta oficial por parte de Milei tiene un carácter institucional, y por lo tanto sus publicaciones lo comprometen como presidente de la Nación.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, representante de la familia de Ian Moche, subrayó la trascendencia del fallo: “El presidente no puede separar su figura institucional del uso que le da a sus canales oficiales en redes sociales. Este fallo es clave porque le pone un límite a una conducta reiterada que puede causar daño”.
Además, el letrado advirtió que la resolución impacta directamente en el caso Libra, ya que debilita la estrategia que Milei ha utilizado para evadir responsabilidades en distintos expedientes judiciales.
Con el caso Moche ya tramitando en el fuero federal, se espera que los abogados querellantes en la causa Libra utilicen esta jurisprudencia para avanzar con nuevas medidas. El objetivo será demostrar que Milei actuó con respaldo institucional al promocionar la criptomoneda, lo cual agravaría su eventual responsabilidad.
Si la Justicia concluye que lo hizo como presidente y no como ciudadano privado, podría enfrentar consecuencias por fomentar un esquema de inversión denunciado como fraudulento.
Este fallo podría marcar un antes y un después en la relación entre las redes sociales y el ejercicio del poder político en Argentina. Al establecer que las publicaciones en redes sociales oficiales tienen valor institucional, la Justicia sienta un límite al uso discrecional de esos canales por parte de los funcionarios públicos.
La ciudad de La Plata vuelve así a estar en el centro de una definición judicial con impacto nacional. El juzgado de Recondo y la fiscalía de Gutiérrez Eguía abrieron un camino que podría redibujar los alcances de la responsabilidad institucional en la era digital.
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