El juez federal Ernesto Kreplak, con sede en La Plata, convocó al intendente de Rosario, Pablo Javkin, para que brinde testimonio en la investigación por la distribución de fentanilo contaminado.

La citación responde a declaraciones públicas del funcionario, quien previamente había solicitado participar como querellante en la causa. Javkin había señalado la posible relación entre dos laboratorios y el narcotráfico, lo que generó la intervención judicial.

Desde el Juzgado Federal N.º 3 explicaron que la intención es que el intendente aporte pruebas o información que respalden sus declaraciones, en el contexto de una causa que investiga la adulteración de medicamentos.

En su presentación judicial, el municipio de Rosario detalló que el fentanilo fue administrado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), lo que obligó a implementar medidas sanitarias urgentes debido al impacto en el sistema de salud local.

Hasta ahora, figuraban como querellantes en la causa el Hospital Italiano de La Plata (donde se produjeron 15 muertes), familiares de víctimas y el Ministerio de Salud nacional. Desde el 8 de julio, también se sumó la provincia de Santa Fe como parte querellante.

La investigación judicial está centrada en las actividades de HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y la droguería Alfarma. Si bien no se han confirmado vínculos directos con el narcotráfico, existen sospechas que la Justicia busca esclarecer, especialmente en lo que respecta a posibles irregularidades en la cadena de distribución del fentanilo.

Las denuncias del intendente Javkin

Javkin planteó que parte del fentanilo legalmente ingresado al país podría haber sido desviado hacia el mercado ilegal. Señaló que, tras la pandemia, solo dos laboratorios tenían autorización para importar esta sustancia, y que el volumen de ingreso se mantuvo alto.

El intendente comparó la situación con la explosión del laboratorio Apolo ocurrida en Rosario en 2016. Apuntó que Apolo y Laboratorios Ramallo estarían vinculados al mismo empresario, y cuestionó que la falta de sanciones en aquel entonces haya permitido la continuidad de figuras involucradas en el sector farmacéutico.

En su presentación, Javkin subrayó que las deficiencias en el control estatal habrían facilitado la repetición de prácticas peligrosas. Afirmó que “no puede pasarse por alto la presencia recurrente de los mismos actores”, quienes seguirían operando bajo nuevas razones sociales.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, aseguró que el municipio ha cooperado desde el inicio con la investigación. Aclaró que los medicamentos fueron adquiridos mediante licitación pública y distribuidos por una droguería. Además, no descartó que el municipio inicie acciones legales para reclamar por los perjuicios sufridos.