Un escándalo sanitario sacude a la Argentina. A medida que avanza la investigación judicial por la distribución de fentanilo contaminado que habría provocado al menos 54 muertes en el país, un dato estremecedor sale a la luz: la ANMAT había generado más de 100 expedientes con observaciones críticas sobre el laboratorio Ramallo, responsable de los lotes cuestionados, y aún así el producto llegó a hospitales de casi todas las jurisdicciones.

El hallazgo se produjo luego de que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenara a la ANMAT entregar toda la documentación relacionada con la firma. Pese a las entregas parciales iniciales, el juzgado logró detectar un archivo de Excel con decenas de irregularidades adicionales que no había sido incluido por el organismo. Para acceder a ese material, se ejecutó una orden de presentación con allanamiento en subsidio.

Las observaciones no se limitaban al fentanilo: señalaban graves deficiencias en los estándares de calidad de otros productos elaborados en el laboratorio. En ese contexto, la Justicia busca determinar si los responsables del establecimiento —entre ellos su propietario, Ariel Fernando García Furfaro, también al frente del grupo HLB Pharma— conocían las fallas y omitieron tomar medidas correctivas. De comprobarse que hubo negligencia o encubrimiento, los directivos podrían enfrentar cargos penales.

La causa se inició en abril, cuando el Hospital Italiano de La Plata reportó 18 casos de pacientes con síntomas de contaminación tras recibir fentanilo inyectable. Estudios posteriores confirmaron la presencia de bacterias en las ampollas, coincidentes fenotípicamente con las encontradas en los pacientes afectados. El producto había sido elaborado en el laboratorio Ramallo durante la campaña 2024 y distribuido por la droguería Alfarma.

Según la investigación, los lotes adulterados llegaron a hospitales de todo el país. Ahora, el juez Kreplak espera una pericia clave sobre el “Batch Record” (registro detallado de la producción), a cargo del Instituto Malbrán, para confirmar si las fallas ya se habían manifestado en campañas anteriores.

En medio de la conmoción, familiares de las víctimas confirmaron la realización de la primera marcha por la verdad y la justicia, prevista para el miércoles 31 de julio de 14 a 17 horas, frente al Hospital Italiano de La Plata. “Los responsables tienen nombre, cargo y función. Exigimos investigación, sanción y reparación inmediata”, expresaron los familiares en un documento conjunto.

Uno de los voceros, Alejandro Ayala, hermano de Leonel —un docente de música de 32 años que murió tras recibir el fentanilo sospechado—, sostuvo que “la salud pública también es un derecho humano, y ninguna vida debe ser tratada como un daño colateral”. La marcha se desarrollará mientras la Justicia continúa la investigación durante la feria judicial, una medida inusual que evidencia la gravedad del caso.

Las miradas están puestas ahora sobre la ANMAT, organismo que durante años acumuló advertencias y observaciones sin frenar la operatoria del laboratorio cuestionado. La existencia del archivo oculto, revelado por el juzgado, siembra dudas sobre posibles responsabilidades institucionales y políticas. La causa promete escalar a medida que se conozcan nuevas pericias y testimonios. Mientras tanto, los familiares no bajan los brazos: “Nuestros seres queridos no son estadísticas. Son vidas, son historias”.