El abogado Marcelo Peña volvió a encender las alarmas sobre un fenómeno cada vez más frecuente en los tribunales de familia: las falsas denuncias de abuso. Según denunció públicamente, existe un entramado de peritos, abogados y organizaciones que actúa de forma coordinada para manipular causas judiciales, especialmente en contextos de disputas por tenencia o alimentos.
"Utilizan la mecánica forense para argumentar hechos que no ocurrieron, denunciando falsos abusos que perjudican no solo a los acusados, sino también a sus familias y a los propios niños involucrados", expresó Peña.
El letrado sostiene que en numerosas causas aparecen los mismos nombres: peritos, psicólogos y abogados que, según él, "llegan siempre a las mismas conclusiones, motivados por razones ideológicas o por temor funcional". Denunció además un "sistema naturalizado de entramado turbio judicial" que termina generando "una cadena de injusticias invisibles pero devastadoras".
Peña no dudó en señalar lo que definió como “un falso feminismo extremo” que, en su visión, favorece este tipo de maniobras judiciales: “La consecuencia más grave es el descreimiento social hacia quienes realmente sufren. Se desvirtúa el sentido de la lucha de las verdaderas víctimas y se banaliza el dolor”, afirmó.
Para ilustrar la gravedad del problema, Peña citó el caso de Herman Krause, un padre que fue denunciado por su ex pareja pocos días después de celebrar el cumpleaños de su hijo menor. “El 10 de septiembre le festejé el cumpleaños y el 17 no los vi más. El 20 me denunció por abuso y después se los llevó a Brasil. Nunca más supe de ellos”, relató Krause. Desde entonces, no tiene contacto con sus hijos.
Frente a este escenario, Peña impulsa un proyecto de ley para endurecer las penas contra quienes presenten falsas denuncias, incluso si lo hacen por mal asesoramiento legal o presión externa.
"Una mujer que miente en una denuncia debe responder por el daño ocasionado, no solo a su pareja sino también a los hijos, que quedan atrapados en un entramado psicológico cruel que afecta su desarrollo cognitivo", explicó.
El proyecto contempla penas de prisión efectiva para los casos más graves, y plantea una profunda revisión del rol de los peritos judiciales. “No podemos seguir permitiendo que se utilicen los tribunales como campo de batalla personal, con profesionales que repiten diagnósticos calcados sin evaluar el daño real”, advirtió.
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