La filtración de documentos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) volvió a encender las alarmas en el Congreso y puso en jaque al gobierno de Javier Milei. El material, revelado este fin de semana, confirma que el organismo elaboró informes detallados sobre actividades políticas, gremiales y sociales sin ningún tipo de control judicial ni justificación pública. Lo más llamativo: no hay una sola línea sobre La Libertad Avanza.

Los documentos, atribuidos a la Agencia de Seguridad Nacional —una dependencia interna de la SIDE bajo el mando de Sergio Neiffert— contienen reportes sobre movilizaciones de la CGT, encuentros de la UCR, asambleas del PJ bonaerense, reuniones de dirigentes como Axel Kicillof, Wado de Pedro, Máximo Kirchner y Facundo Manes, así como actividades de jubilados, personas con discapacidad y agrupaciones culturales. Todo está meticulosamente registrado. Todo, menos el oficialismo.

La información comenzó a circular en medios especializados y redes sociales, y rápidamente se viralizó. En paralelo, el diputado Manes denunció penalmente a Santiago Caputo, asesor todopoderoso del presidente, a quien vinculó directamente con la existencia de estas maniobras de inteligencia.

La filtración dejó al descubierto que el espionaje no se limita al seguimiento de referentes políticos, sino que alcanza incluso a actividades barriales, actos litúrgicos y expresiones públicas en redes. La gravedad institucional es tal que la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso fue citada de urgencia para analizar el material y reclamar explicaciones a los responsables.

Mientras desde el oficialismo reinan el silencio y las evasivas, en el Congreso no descartan citar a declarar tanto a Neiffert como a Caputo. Legisladores de distintos bloques ya advirtieron que, de confirmarse la autenticidad de los documentos, se estaría frente a un “plan sistemático de espionaje interno” con fines estrictamente políticos.

La SIDE vuelve así a ocupar el centro de la escena, con prácticas que recuerdan los años más oscuros de la democracia argentina. La pregunta que sobrevuela los pasillos del Congreso es tan simple como inquietante: ¿quién filtra estos informes, con qué fin, y hasta dónde llega la vigilancia silenciosa del poder?