A más de un año de presentada la denuncia por presunta corrupción en la sede de PAMI La Plata, la causa judicial avanza con extrema lentitud y un marcado hermetismo. La exfuncionaria Viviana Aguirre, autora de la denuncia, manifestó su intención de trasladar el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py ante la falta de avances significativos en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla.

La denuncia, radicada en junio de 2024, apunta directamente contra Sebastián Pareja, actual armador político de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y figura clave dentro del círculo cercano de Karina Milei. Según Aguirre, existiría un entramado de recaudación ilegal orientado a financiar al partido libertario a través de aportes irregulares, cobros indebidos, sobreprecios y un oscuro manejo en el sistema de geriátricos del organismo.

“Hace más de un año que la causa está prácticamente paralizada. Ahora comenzó a moverse muy lentamente, pero mi intención es llevarla a Comodoro Py para que realmente se investigue. Hasta ahora no está pasando nada”, declaró Aguirre en diálogo con El Editor Platense.

Denuncias internas y represalias

Aguirre se desempeñó como coordinadora contable de la UGL VII del PAMI. Según su testimonio, fue desplazada del cargo tras negarse a firmar documentación presuntamente irregular y rechazar pedidos de retornos económicos de hasta un millón de pesos. La exfuncionaria sostiene que, además de su despido, se le armó una causa judicial falsa con el objetivo de amedrentarla.

En su presentación judicial, Aguirre también involucró a otros referentes del espacio libertario, entre ellos Juan Esteban Osaba, quien integró la lista de candidatos a diputados provinciales de LLA por la Octava Sección Electoral, y Matías de Urraza, referente platense del espacio. Según la denunciante, Osaba habría solicitado a trabajadores del organismo contribuciones obligatorias del 5% en adelante, como condición para conservar sus cargos.

“Osaba fue puesto como primer candidato, pero luego lo bajaron. Tiene una denuncia penal por el dinero que me pedían en PAMI y por extorsionar a trabajadores. Esto contradice totalmente el discurso anticasta con el que Milei llegó a la presidencia”, afirmó Aguirre, quien abandonó LLA en medio de fuertes críticas internas.

“La casta son ellos mismos. No buscan gente profesional ni capaz, sino a quienes estén dispuestos a levantar la mano a cambio de unos pesos o millones de dólares”, agregó, en referencia a prácticas legislativas que también cuestionó.

"La Púrpura": operadores y cajas en disputa

Aguirre también apuntó contra la agrupación interna "La Púrpura", conformada en 2024 como un espacio de abogados y profesionales con fuerte respaldo de Sebastián Pareja. Según su denuncia, este grupo habría sido diseñado para avanzar territorialmente sobre colegios profesionales con el objetivo de consolidar poder político y controlar espacios con acceso a recursos estatales.

La agrupación fue impulsada por el operador Sebastián Guevara —ex integrante del Instituto Patria—, quien habría articulado con Pareja una estructura de influencia extendida hacia otros sectores como el massismo y el peronismo disidente. Dentro de esta estrategia, figuras como Ignacio Salaberren y Matías de Urraza habrían contribuido con la incorporación de la Asociación Civil Puentes y otras organizaciones afines.

Aguirre denunció que Guevara utilizaba su influencia para realizar acuerdos irregulares con comedores comunitarios: “Les pedía entre 10 y 20 comedores y se quedaba con el 80% de los fondos. Esa ayuda nunca llegaba a destino. Todo queda entre intermediarios”.

Maniobras en la Legislatura bonaerense

La exfuncionaria también reveló supuestas maniobras similares en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde –afirma– se habría solicitado a diputados libertarios el armado de grupos de militantes territoriales a cambio de montos cercanos a los 10 millones de pesos por persona, financiados con fondos que llegarían desde el gobierno nacional.

“Después a esos militantes les dan apenas 100 mil pesos y el resto queda para los operadores. Toda la estructura de La Libertad Avanza se está sosteniendo con fondos que se recortan del Estado, a través de despidos, ajuste y desvíos. Y Pareja intenta quedarse con todo, incluso con la estructura de Javier y Karina Milei”, concluyó.