Sabido es el trabajo que viene desarrollando DiarioGranLaPlata, a cargo de Julio César Politano, ex piloto y periodista de la sección Automovilismo del portal, en relación a las supuestas irregularidades en las autorizaciones de competencias automovilísticas otorgadas tanto por la Municipalidad de La Plata, como así también por la CoPAM (Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo), presidida por el subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque. Los beneficiarios serían el Automóvil Club La Plata S.A. como organizador y la A.C.T.C. (Asociación Corredores Turismo Carretera) como fiscalizador.

Las mencionadas autorizaciones a nivel provincial son otorgadas por la CoPAM en el marco de la Resolución 1/2005 dictada por la propia Comisión y en cumplimiento de la Ley 12.391 de la Provincia de Buenos Aires.

Los más de 20 requisitos que deben cumplir los organizadores de eventos deportivos dentro de la provincia y exigidos por la CoPAM, se encuentran especificados claramente en los Artículos 4º y 7º de la mencionada Resolución.

Uno de los organizadores de competencias automovilísticas extremadamente cuestionado sería el Automóvil Club La Plata S.A., del cual Gastón Mazzacane sería propietario, según la documentación emitida por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y que en exclusivo DiarioGranLaPlata tuvo acceso.

De allí se desprende que la mencionada Sociedad Anónima habría regularizado su situación ante la CoPAM recién después de la fecha que se consigna en el documento emanado por la DPPJ, es decir a partir del 17 de junio de 2025. Es más, el Automóvil Club La Plata S.A., ante la falta de documentación existente, se vio obligado a solicitar la expedición del segundo testimonio de la escritura que dio origen a la entidad; ergo, la CoPAM habría autorizado -sin atenuantes- competencias a favor de la Sociedad Anónima a nombre de Gastón Mazzacane, violando claramente la Resolución 1/2005 en su Artículo 4º.

Por tal motivo, de darse esa situación, tanto el Automóvil Club la Plata S.A. como organizador, como así también la A.C.T.C. como fiscalizador, debieron y deben ser sancionados con la aplicación de los artículos 8º y 10º de la citada Resolución 1/2005.

El doble rol que desempeña Gastón Mazzacane, al ser por un lado vicepresidente 1º de la A.C.T.C. y simultáneamente titular del Automóvil Club La Plata S.A., deja al desnudo el conflicto de intereses que genera tal situación; ya que como es de público conocimiento, en el autódromo ubicado en el Km 49,500 de la Ruta Nacional 2 de la ciudad de La Plata, cuyo nombre de fantasía es “Autódromo Roberto Mouras” -ya que no existe legalmente como tal- se desarrollan todos los fines de semana competencias de categorías que en su totalidad son fiscalizadas por la A.C.T.C., entidad que justamente es presidida por Hugo Mazzacane, padre de Gastón y sindicado como propietario del mencionado autódromo. Sin embargo,  no existe documentación que así lo acredite, ya que el predio se encuentra a nombre de dos Sociedades Anónimas.

Toda esta serie de hechos extremadamente cuestionables originaron pedidos de informes tanto ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, como así también ante el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata. Pero lo más relevante es la IPP (Investigación Penal Preparatoria) que se presentó ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, en la que se denuncia a los funcionarios provinciales y municipales involucrados, y a las personas físicas y jurídicas que regentean el predio donde se ubica el denominado “Autódromo Roberto Mouras”.

Cabe señalar que en el mencionado autódromo, durante una competencia desarrollada en el mes de julio de 2024, tuvo lugar un luctuoso hecho en el cual lamentablemente falleció un piloto, y en virtud a los antecedentes que darían cuenta del posible incumplimiento a las legislaciones municipales y provinciales vigentes, quedaría demostrado que esa competencia no debería haber sido autorizada, generando así una posible, clara e inapelable responsabilidad civil y administrativa en “homicidio culposo”, tal como estaría caratulada la causa en una Fiscalía platense.