La investigación por el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada durante un intento de robo de auto en febrero pasado, tuvo este miércoles un giro clave: la Justicia ratificó que el adolescente de 14 años acusado de participar en el hecho continuará bajo una medida de seguridad en un centro cerrado.

Durante una audiencia celebrada esta semana, la defensa del menor solicitó que se le concediera el arresto domiciliario, argumentando que el encierro actual resulta “desproporcionado” para su edad y situación personal. Sostuvieron, además, que el joven debería recibir tratamiento en un entorno menos restrictivo.

Sin embargo, la fiscal Carmen Ibarra se opuso firmemente al pedido y afirmó que la única forma de garantizar una asistencia integral al menor —y, al mismo tiempo, proteger a la comunidad— es mantener la medida vigente.

En paralelo, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó la resolución de la jueza María José Lescano, quien había dispuesto que el adolescente permanezca en un centro cerrado por un plazo de dos años. De esta manera, la decisión quedó firme y se descartó, al menos por el momento, la posibilidad de que el chico continúe el proceso en su casa.

El fallo establece que el menor seguirá alojado en un dispositivo cerrado, con seguimiento psicológico, educativo y social, y bajo control permanente.

El caso volvió a poner en el centro del debate la situación de los menores no punibles que cometen delitos graves. En Argentina, los jóvenes menores de 16 años no pueden ser condenados penalmente como adultos, y solo pueden recibir medidas de protección y seguridad. Esta realidad legal contrasta con una creciente demanda social de justicia y seguridad ante hechos de extrema gravedad.

En tanto, el coimputado del caso, un adolescente de 17 años —quien sí es punible por la ley— continúa enfrentando un proceso penal juvenil que podría derivar en una condena efectiva.

Con esta decisión, la Justicia busca dar una respuesta a la sensibilidad del caso y garantizar que el adolescente reciba la asistencia necesaria en un entorno controlado, al menos hasta la próxima revisión judicial de la medida.