Se destapó una compleja trama de supuestas irregularidades administrativas, beneficios indebidos y omisiones de control vinculadas al funcionamiento del Autódromo Roberto Mouras, que involucra a altos funcionarios provinciales y municipales, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el intendente platense Julio Alak, y los dirigentes del automovilismo Hugo y Gastón Mazzacane.
Según trascendidos desde los pasillos de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el Honorable Concejo Deliberante de La Plata y los Tribunales del Fuero Penal de la capital bonaerense, los mencionados podrían ser citados en el corto plazo para dar explicaciones ante el avance de causas judiciales y pedidos legislativos impulsados desde la oposición.
La causa se centra en presuntos beneficios otorgados de manera irregular al Automóvil Club La Plata S.A., entidad organizadora de competencias en el Autódromo Roberto Mouras —que, según se denunció, no existe legalmente con ese nombre— y cuya titularidad corresponde a Gastón Mazzacane, actual vicepresidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), presidida por su padre, Hugo Mazzacane.
Pedidos de informes y denuncias penales en marcha
Desde la Cámara de Diputados bonaerense se presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo explique el funcionamiento de la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo (CoPAM), creada por la Ley 12.391 y regulada por la Resolución 1/2005. La comisión, que regula y habilita autódromos y competencias en la provincia, está integrada por varios organismos provinciales y presidida por el subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardozo.
El pedido alcanza también a los ministros provinciales Carlos Bianco (Gobierno), Andrés "el Cuervo" Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Martín Marinucci (Transporte), Javier Alonso (Seguridad), entre otros, por posibles responsabilidades administrativas y omisiones en los controles.
En paralelo, desde el Concejo Deliberante de La Plata se presentó una solicitud de informes impulsada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Guillermo Bardón, con apoyo de concejales de distintos bloques como Florencia Barcia, Florencia Defeo, Diego Rovella, Melany Oromadiuk y Nicolás Morzone. Se exige que el Ejecutivo municipal detalle el estado del autódromo, las autorizaciones otorgadas y el cumplimiento de las normativas vigentes.
Sospechas sobre el rol del Municipio y sus funcionarios
Los organismos municipales presuntamente involucrados incluyen la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica, la Subsecretaría de Desarrollo Comercial, la Dirección de Habilitaciones, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia —a cargo de Víctor Hortel, apuntado como figura clave—, y la Dirección de Fiscalizaciones.
Kicillof, funcionarios provinciales y los Mazzacane deberán dar explicaciones ante Diputados, Concejales y la Justicia Penal por el funcionamiento del Autódromo Mouras
Además, se cuestiona la presunta pasividad de inspectores municipales ante irregularidades recurrentes detectadas durante fines de semana de competencia, generando sospechas en el arco opositor local.
Denuncia penal presentada por Julio César Politano
El ex piloto y actual periodista de automovilismo de la Agencia NOVA, Julio César Politano, presentó el mes pasado una denuncia penal por delitos de acción pública ante el Ministerio Público Fiscal bonaerense. Politano aportó pruebas documentales, fotográficas y fílmicas que ya habrían sido ratificadas ante la Fiscalía.
La denuncia apunta no solo a funcionarios de control provinciales y municipales, sino también a las personas físicas y jurídicas responsables del autódromo, señalando que su existencia bajo el nombre "Roberto Mouras" no tendría respaldo legal.
Sospechas de evasión y fraude fiscal
En el plano económico, se menciona la posible existencia de irregularidades fiscales en las declaraciones juradas presentadas por el Automóvil Club La Plata S.A., lo que comprometería a funcionarios de la Agencia Platense de Recaudación (APR). Estarían bajo la lupa la Dirección General de Recaudación, la Dirección de Recaudación y el Departamento de Tributos Varios, a cargo de Magalí García, Mariano Echtezar y Laura I. Álvarez, respectivamente.
Panorama judicial y político incierto
El escándalo crece y amenaza con generar un sismo político tanto en el Ejecutivo provincial como en el platense. La magnitud del caso, que mezcla automovilismo, política, falta de controles, beneficios particulares y posible evasión fiscal, podría derivar en una investigación penal profunda y en un desgaste institucional que afecte a las máximas autoridades involucradas.
Por ahora, tanto el gobernador Kicillof como el intendente Alak y los funcionarios implicados guardan silencio oficial, mientras se espera que la Justicia avance con las citaciones y que las cámaras legislativas provinciales y municipales traten los pedidos de informes en comisiones.