Jueves 2 de octubre de 2025
La vida de una bonaerense que lucha contra el cáncer pende de una decisión administrativa. Leticia Gutiérrez, de 44 años, revela cómo la burocracia de IOMA le impide acceder a una cirugía esencial, mientras su salud se deteriora y el tiempo corre en su contra.
Por eso, los especialistas recomendaron una salpingoofrectomía preventiva (extirpación de ovarios y trompas) seguida de una mastectomía bilateral con la colocación de prótesis. Estas intervenciones no son solo opcionales, sino vitales para reducir la probabilidad de recaídas.
Aunque IOMA aprobó los honorarios médicos para realizar dichas intervenciones, no autorizó los gastos sanatoriales. Ese vacío administrativo fue suficiente para que la operación, prevista inicialmente para el 9 de septiembre y luego reprogramada para el 1 de octubre, debiera suspenderse en dos ocasiones. Así, Gutiérrez ve cómo su situación clínica se agrava mientras aguarda una resolución.
El organismo sanitario esgrimió una serie de argumentos para demorar o rechazar la cobertura total del procedimiento:
Que el trámite había sido iniciado en papel y debía gestionarse mediante el sistema CUAFI.
Que era responsabilidad de la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) intervenir.
Que faltaba la firma del directorio de IOMA.
Estas razones burocráticas chocan con el hecho de que la entidad reconoció —de manera informal— que la cirugía es “correctamente indicada”, pero afirmó que “no es cubierta por la obra social”. En otras palabras: se admite que es necesaria, pero se niega el financiamiento.
El 24 de septiembre, Gutiérrez presentó una carta formal ante IOMA, liderado por Homero Giles, denunciando una “negativa cruel, arbitraria y contraria a derecho”. En su escrito recordó que la cobertura integral de tratamientos oncológicos está respaldada por:
Las leyes de Obras Sociales N° 23.660 y 23.661
La Ley de Derechos del Paciente (N° 26.529)
Principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos
Para Leticia, la contradicción es escandalosa: si bien el organismo reconoce la necesidad del procedimiento, su negativa de cobertura lo convierte en un derecho que no se hace efectivo.
El caso de Leticia no es aislado. En los pasillos de IOMA, se denuncia sistemáticamente que pacientes con enfermedades graves enfrentan trabas administrativas —expedientes que se “observan”, se pierden o quedan estancados en distintos escritorios—. Este mecanismo, denuncian, vulnera derechos fundamentales y puede acarrear consecuencias irreparables, sobre todo cuando de vida o muerte se trata.
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