A pesar de que la provincia de Buenos Aires sancionó en julio un “Protocolo Marco para la Prevención, Intervención y Abordaje Integral de las Violencias Laborales” que exige la separación inmediata del cargo de las personas denunciadas por acoso o violencia, el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) no lo aplicó en un caso que genera gran preocupación dentro del organismo.

Según informó el sitio de noticias RealPolitik, tres trabajadoras de IOMA —Viviana Isabel Moyano (Dolores), Araceli Ramírez (Tordillo) y Joana Ramírez (General Lavalle)— denunciaron al director regional Víctor Manuel Casanovas por acoso laboral, hostigamiento y abuso sexual. La causa penal, caratulada “Casanovas, Víctor Manuel s/Abuso sexual” (IPP PP-03-00-004348-25/00), se tramita en el Juzgado de Garantías N° 1 de Dolores.

El 7 de octubre, la justicia dictó una prohibición de acercamiento para Casanovas, ordenando que se abstenga de cualquier contacto o acto intimidatorio hacia las denunciantes. Sin embargo, pese a esa medida, el organismo no lo apartó del cargo y continúa ejerciendo sus funciones.

De acuerdo con comunicaciones internas, la dirección de Personal —a cargo de Daniel Rivarola— y el director provincial de Regiones, Federico Lombardo, habrían dispuesto el traslado de las trabajadoras denunciantes y bloqueado su acceso institucional. Las empleadas sostienen que, en lugar de ser protegidas, están siendo revictimizadas a través de maniobras que constituyen “violencia institucional”.

Una de las denunciantes, Viviana Moyano, atraviesa un tratamiento psicológico por crisis de ansiedad y ataques de pánico. Asegura que ser obligada a retornar a su lugar de trabajo sin condiciones seguras podría agravar su estado de salud.

El abogado de Moyano, Mauricio Caporaletti, presentó un pedido judicial para que IOMA sea notificado de la medida de restricción y cumpla con la separación del denunciado, tal como establece el protocolo provincial. En su presentación, destacó que el Estado tiene el deber de impedir el contacto entre víctima y presunto agresor, y de garantizar que las denunciantes no sufran perjuicios laborales.

Hasta el momento, el presidente de IOMA, Homero Giles, no se pronunció públicamente sobre el caso. Desde el entorno de las trabajadoras denuncian que Casanovas cuenta con protección política dentro del organismo, lo que pondría en evidencia una contradicción entre las normas de prevención de violencia laboral y las acciones reales que se llevan adelante.

El protocolo aprobado el 11 de julio de 2025 dispone que, ante denuncias de acoso o violencia en el ámbito público provincial, el acusado debe ser apartado preventivamente de su cargo y la víctima no puede ser trasladada ni sufrir cambios en sus condiciones laborales. El caso dentro de IOMA se convierte así en la primera gran prueba de aplicación de esta norma, y hasta el momento, el instituto no solo no la cumplió, sino que actuó en sentido contrario.