En medio de la crisis institucional que atraviesa el Club Universitario de La Plata, la Justicia Federal procesó al presidente de la entidad y actual titular del Concejo Deliberante local, Marcelo Galland, por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, tras la omisión de los aportes patronales correspondientes a los empleados del club.

La resolución, firmada hace algunos meses por el juez federal Ernesto Kreplak, también dispuso un embargo por 20 millones de pesos sobre el patrimonio del dirigente, aunque sin dictar prisión preventiva.

Según el fallo, Galland, quien asumió la presidencia del club en 2014, era el responsable de garantizar el pago de los aportes retenidos a los trabajadores, que nunca fueron acreditados ante la AFIP.

El magistrado concluyó que el dirigente “actuó de forma dolosa”, ya que “no podía desconocer las obligaciones previsionales a su cargo” dada su condición de presidente y profesional universitario.

No obstante, el juez lo sobreseyó por los hechos correspondientes al período junio-diciembre de 2019, cuando el club fue administrado por un órgano fiduciario designado tras ingresar en la ley de salvataje de entidades deportivas.

En su declaración, Galland reconoció la omisión de los depósitos, pero argumentó que el club “no contaba con los fondos para afrontar el pago de la seguridad social ni del resto de las obligaciones”. Explicó además que, al asumir su cargo, la institución se encontraba en una situación crítica: “no podía ni siquiera pagar los sueldos de los empleados, a los que se les abonaba en cuotas a medida que ingresaban recursos”, según cita la resolución.

El dirigente también señaló que en la década del 90 el club tenía unos 18.000 socios, pero que ese número se redujo drásticamente hasta apenas 2.500 al inicio de su gestión, lo que complicó el sostenimiento de una infraestructura pensada para una institución mucho mayor.
Entre 2015 y 2018, la comisión directiva redujo la planta de trabajadores a la mitad “sin despidos”, lo que permitió achicar el déficit operativo.

Sin embargo, para el juez Kreplak, el conocimiento de Galland sobre la deuda previsional era “innegable”, dado que la AFIP lo había intimado reiteradamente y que el club se había adherido a planes de pago luego caducos. Por ello, se determinó que los aportes correspondientes a los períodos mayo a diciembre de 2017, todo 2018 y enero a mayo de 2019 “debían ser retenidos y depositados por Galland, lo cual a la fecha aún no ocurrió”.

El fallo resolvió así intimar al dirigente al pago de la suma embargada, bajo apercibimiento de disponer la inhibición general de bienes.

De todos modos, el juez descartó ordenar la prisión preventiva al considerar que “no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación”.

Mientras tanto, en el entorno del dirigente aseguran que “no se lo merece” y que la situación del club “refleja años de crisis estructural que exceden su gestión”.