La Plata atraviesa semanas marcadas por una escalada de violencia que reavivó el debate sobre la gestión del secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe, cuestionado por la falta de respuestas frente al aumento de hechos delictivos y el deterioro de las condiciones de vigilancia en la ciudad.

Vecinos y dirigentes opositores señalan una combinación preocupante: escasa presencia policial en zonas conflictivas, casetas de seguridad cerradas, alumbrado público deficiente y una ola de delitos que incluye balaceras, robos domiciliarios, asaltos en la vía pública, arrastres, un caso de secuestro y abuso sexual, e incluso un homicidio ocurrido en las últimas dos semanas. El clima social es de creciente temor y calles cada vez más vacías al caer la noche.

Pepe, abogado especializado en derecho procesal, cuenta con trayectoria en cargos provinciales y nacionales y además preside el Club CRISFA. Sin embargo, su perfil técnico no ha logrado llevar tranquilidad a una comunidad que percibe un deterioro constante en los indicadores de seguridad y una gestión local incapaz de frenar el avance del delito.

En este contexto, el Concejo Deliberante aprobó recientemente un contrato de tres años para implementar un nuevo sistema de videovigilancia, que incluirá 1.200 cámaras, 50 lectoras de patentes y una inversión total de 10.728 millones de pesos. No obstante, el despliegue completo demandará alrededor de 180 días, por lo que, mientras tanto, la ciudad seguirá dependiendo del esquema actual de patrullaje y del alumbrado público, ambos señalados como insuficientes.

Tanto la oposición como los vecinos remarcan que la crisis ya impacta de forma directa en la vida cotidiana y advierten sobre un “vacío institucional” en torno al rol de Pepe, cuya gestión se encuentra cada vez más bajo la lupa en un escenario donde la sensación de vulnerabilidad es alarmante.

Entre la frustración y el cansancio, muchos vecinos señalan que esperan que Diego Pepe dé explicaciones públicas sobre la situación o que asuma responsabilidades políticas por el deterioro de la seguridad. En distintos barrios ya se escucha el pedido de que “dé la cara” y, si no puede revertir la crisis, que dé un paso al costado para permitir que otra persona intente conducir el área en un contexto que consideran insostenible.