La foto de Cristina Fernández de Kirchner posando en su living junto a nueve economistas fue el punto exacto en el que la Justicia decidió que el clima de “reuniones sociales” debía terminar.

A partir de ese momento, se ordenó restringir las condiciones para las visitas en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

La expresidenta reaccionó como suele hacerlo: desde sus redes. “¿Cuál es el problema?”, escribió apenas se conoció la decisión. En ese mismo posteo se ocupó de responsabilizar a los medios, presentarse como víctima de persecución en vez de condenada por corrupción y, lejos de atenuar el impacto, publicó nuevas fotos con grupos todavía más numerosos que pasaron por su departamento. Un escenario que para cualquier detenido sería directamente imposible.

Lo que Cristina evitó mencionar fue la cifra completa. Y ahí radica el verdadero eje del conflicto: en los últimos 80 días, por su domicilio ingresaron al menos 72 visitantes.

El dato surge de un relevamiento realizado por Clarín en base a fuentes públicas: las propias redes sociales de la exmandataria, las publicaciones de sus invitados, los comunicados de sus asesores y los testimonios de quienes contaron haber estado con ella.

Todos ellos debieron pedir autorización judicial para entrar a San José 1.111. La cuenta no incluye a familiares, asistentes o abogados, que cuentan con permisos más amplios.

El número sorprende porque, en menos de tres meses, el promedio se acerca a casi una visita por día: el ratio es de 0,9. Y el contraste con la etapa anterior es notable.

Desde el inicio de su prisión domiciliaria, el 17 de junio, hasta fines de agosto, solo se registraron cinco reuniones con siete invitados. Esta vez, los jueces resolvieron que la dinámica debía acotarse.