El conflicto entre Estudiantes de La Plata y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escaló este fin de semana tras la aparición de un documento cuya legitimidad quedó rápidamente bajo sospecha. El caso, bautizado en redes como “PDFgate”, puso en duda los mecanismos de transparencia del organismo que conduce Claudio “Chiqui” Tapia y abrió un frente inesperado en el fútbol argentino.
El detonante fue el Boletín Oficial N.º 6625, presentado para justificar una posible sanción contra Estudiantes por realizar un “pasillo de espaldas” al campeón Rosario Central previo al encuentro disputado en el Gigante de Arroyito. Según la información difundida, el documento estaba fechado el 12 de febrero de 2025, pero peritos informáticos detectaron que su creación real habría ocurrido recién el domingo 23 de noviembre, minutos después del final del partido.
Especialistas en informática forense explicaron que un archivo PDF sin firma digital puede ser modificado sin dejar rastros visibles para el usuario común, aunque sí quedan evidencias en los metadatos. Entre ellos, la fecha de creación, el software utilizado y el hash del documento. Según los peritos consultados por Estudiantes, esos datos revelarían que el boletín no existía previamente y fue generado el mismo día del partido.
Además, el documento no aparece en los archivos históricos de boletines publicados por la AFA, lo que refuerza las sospechas de manipulación y pone en duda su validez como sustento de una sanción disciplinaria.
El giro público del caso se produjo cuando el usuario de X (ex Twitter) @fmumana95 publicó que había detectado una irregularidad en los metadatos del archivo. Según detalló, el boletín supuestamente emitido en febrero figuraba como creado el domingo alrededor de las 19, horas después de la finalización del encuentro entre Central y Estudiantes.
La observación se viralizó rápidamente y desató una ola de cuestionamientos sobre la integridad documental de la AFA.
Desde Estudiantes no ocultaron su malestar y, según trascendió en fuentes cercanas a la dirigencia, analizan judicializar el caso. Consideran que se trataría de una adulteración de documento con intención de perjudicar al club, algo que, de comprobarse, podría encuadrar como delito según el Código Penal argentino.
La AFA, por ahora, no emitió una explicación detallada sobre las inconsistencias ni sobre el proceso de publicación del boletín.
Más allá del conflicto puntual, el episodio expone una seria falla en los mecanismos de transparencia de la AFA. La presunta facilidad para alterar documentos oficiales generó preocupación entre clubes, futbolistas e hinchas, que temen que situaciones similares puedan repetirse sin controles adecuados.
Mientras tanto, la gran incógnita gira en torno a lo que ocurrirá con la sanción:
¿Habrá castigo para Estudiantes o el caso se desvanecerá en medio de la polémica?
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