Jueves 27 de noviembre de 2025
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un grupo de trabajadoras de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) habría manifestado su preocupación ante lo que consideran una distancia significativa entre los mensajes oficiales y la situación que afirman vivir dentro del organismo.
De acuerdo con sus expresiones públicas, existiría malestar respecto al rol del gremio UPCN Buenos Aires y a la conducción de la cartera educativa. Según estas versiones, ambas instituciones podrían estar acompañando políticamente a la gestión provincial mientras —siempre según lo que mencionan las trabajadoras— desatenderían reclamos vinculados a presuntas situaciones de violencia laboral y de género.
La reciente renuncia del Director General de Cultura y Educación también sería interpretada por algunos sectores como parte de este contexto, al señalar que “se necesitarían funcionarios que funcionen, y no que sean funcionales”, según expresaron en declaraciones difundidas.
Las trabajadoras sostienen que, hace más de un año, dos empleadas habrían presentado denuncias públicas por presuntos episodios de abuso, acoso laboral y de género, persecución y discriminación ideológica. Estas acusaciones estarían dirigidas contra el director provincial de Mantenimiento, Gustavo Cañete; su asesor Diego Mussari; y los directores Fabián Cardozo y Javier Miori.
Según las denunciantes, el proceso administrativo correspondiente al sumario se habría ralentizado o dilatado. En ese marco, también señalarían a la dirigencia de UPCNBA por supuestamente no haber acompañado el reclamo y, eventualmente, haber contribuido a que el trámite no avanzara con la celeridad esperada.
Los testimonios indican que, para las trabajadoras, existiría una contradicción entre los discursos institucionales sobre violencia de género y la forma en que —según afirman— se habrían abordado estas denuncias. Sostienen que las empleadas involucradas habrían tenido que recurrir reiteradamente a licencias y medidas de resguardo, mientras expresan que sentirían que el sistema judicial habría favorecido a los funcionarios señalados.
En este sentido, plantean que tanto el Estado como el gremio podrían no estar brindando la protección necesaria a quienes denuncian.
En sus declaraciones, las trabajadoras remarcarían que la violencia no se limita al daño físico, sino que incluiría también “callar, ignorar, humillar, negar derechos y naturalizar el maltrato cotidiano”.
En una jornada donde suelen multiplicarse los mensajes institucionales, las denunciantes afirman que muchas mujeres “seguirían esperando respuestas que nunca llegan” y subrayan que “el silencio social también dolería”.
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