Un estremecedor caso de violencia extrema comenzó a investigarse en La Plata tras la denuncia de una joven que aseguró haber sido sometida durante más de tres años por su ex pareja. Golpes, amenazas de muerte, aislamiento, abusos sexuales reiterados y prostitución forzada forman parte de un relato crudo que hoy está en manos de la Justicia.

La presentación judicial fue realizada en septiembre de este año y quedó radicada en la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1. El acusado se encuentra actualmente detenido por otras causas, aunque —según la denunciante— continuó hostigándola incluso desde prisión. En el marco de la investigación ya se avaló la realización de peritajes considerados clave.

De acuerdo al testimonio incorporado al expediente, la joven tenía 19 años cuando inició la relación. Había terminado el secundario y comenzado sus estudios universitarios. En 2018 se mudó a convivir con el hombre, sin imaginar que esa decisión marcaría el inicio de un verdadero calvario.

Con el paso del tiempo, la relación derivó en un entramado de violencia cada vez más grave. Primero fueron agresiones verbales, luego físicas y finalmente sexuales. Según denunció, el acusado ejercía un control absoluto sobre su vida: la golpeaba, la amenazaba con armas de fuego, le prohibía mantener contacto con su familia y le exigía entregarle la totalidad de su sueldo, que era el principal ingreso del hogar.

Cada intento de resistencia terminaba en nuevas agresiones, castigos o expulsiones del domicilio. Cuando la joven se quedó sin trabajo, el acusado comenzó a exigirle que se prostituyera. Frente a su negativa, las amenazas se intensificaron. La víctima relató que fue obligada a mantener relaciones sexuales con terceros bajo coerción, violencia y miedo, mientras su pareja presenciaba los encuentros y cobraba el dinero.

Según consta en la causa, estos hechos se habrían repetido durante 2018 y 2019. En algunos casos, los encuentros se organizaban en hoteles; en otros, la llevaba de madrugada a distintos puntos de la ciudad para ofrecerla sexualmente. La joven describió una situación de sometimiento total y una absoluta imposibilidad de escapar.

El expediente también da cuenta de que el acusado habría creado perfiles falsos en redes sociales con fotos de la víctima, sin su consentimiento, para ofrecer servicios sexuales. Desde esas cuentas contactaba a terceros, organizaba encuentros y fijaba precios. La joven tomaba conocimiento de esas situaciones cuando era forzada a cumplirlas.

Los abusos seguían un mismo patrón: días de presión psicológica, insultos y amenazas, hasta que era obligada a trasladarse a los lugares acordados. Durante los encuentros, el acusado no solo estaba presente, sino que intervenía para garantizar que ella “cumpliera” con lo pactado, incluso cuando lloraba o pedía que se detuvieran.

En este contexto aparece un segundo hombre, mayor, que —según la denuncia— participó de manera reiterada en los abusos, manteniendo relaciones sexuales con la joven pese a su negativa expresa, amparándose en el pago realizado al principal acusado.

Siempre según la denunciante, el nivel de control era absoluto: debía informar cada movimiento, responder mensajes de inmediato y pedir autorización incluso para ver a sus familiares, vínculos que el acusado intentó cortar de manera sistemática. Dormía con un arma de fuego al alcance de la mano y la utilizaba como mecanismo de intimidación. Las amenazas eran explícitas y alcanzaban también a su familia, lo que durante años le impidió pedir ayuda.

La situación tuvo una pausa parcial durante el embarazo de la joven, cuando cesaron los golpes, aunque no el control ni las presiones. Tras el nacimiento de su hija, el acusado fue detenido por portación ilegal de armas, pero —de acuerdo a la denuncia— desde la cárcel continuó organizando encuentros sexuales y enviando amenazas.

Recién en 2021, luego de refugiarse en la casa de un familiar, la joven comenzó a reunir fuerzas para salir del círculo de violencia. Sin embargo, el hostigamiento persistió mediante mensajes intimidatorios y advertencias. Finalmente, en septiembre de este año, decidió denunciar todo lo vivido.

La causa investiga delitos de extrema gravedad y busca determinar responsabilidades penales en una historia marcada por el miedo, el sometimiento y el silencio forzado. Mientras tanto, la joven intenta reconstruir su vida y proteger a su hija, en un proceso que recién comienza y que ahora quedó en manos de la Justicia.