El hackeo se extendió a su cuenta de Facebook y, en uno de sus perfiles, comenzaron a aparecer 13 imágenes de pornografía infantil, un delito gravísimo tipificado en el artículo 128 del Código Penal. Nunca se pudo determinar si la maniobra fue realizada por una persona o mediante un software malicioso, pero sí quedó acreditado algo clave: el arquitecto jamás descargó ni subió ese material.

Los sistemas automáticos detectaron la actividad y activaron el protocolo internacional: denuncia de oficio ante el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), con sede en Estados Unidos. El resultado fue inmediato y brutal: se abrió una causa penal en la Provincia de Buenos Aires y el profesional terminó imputado por un delito que carga con un estigma social casi irreversible.

La investigación quedó en manos de la UFIJ N°18 de La Plata. El arquitecto fue citado, imputado y sometido a un proceso penal que lo puso al borde de un daño irreparable a su nombre, su carrera y su vida personal. Mientras tanto, el silencio de las plataformas fue ensordecedor.

Tras pericias técnicas y medidas de prueba, la Justicia llegó a la verdad: el imputado había sido víctima de un hackeo y el contenido ilegal fue incorporado a sus cuentas sin su conocimiento ni consentimiento. La causa penal fue archivada y su inocencia quedó clara. Pero el daño ya estaba hecho.

Durante todo ese tiempo, el arquitecto perdió el acceso a su cuenta de Gmail, donde tenía proyectos, documentación profesional, trabajos en curso y comunicaciones con clientes. Todo, irrecuperable. Según sus abogados, Lucas Ferrari Goñi y Nicolás Barbieri Sargiotti, Google nunca brindó asistencia real: ni soporte humano, ni explicaciones, ni soluciones. Solo respuestas automáticas y la decisión inflexible de no devolverle la cuenta, incluso después del archivo de la causa penal.

A la par del calvario judicial, el impacto fue psicológico y económico. Ansiedad, angustia, gastos de defensa penal y un golpe directo a su actividad profesional. Todo mientras las empresas que se llenan la boca hablando de “seguridad” y “privacidad” miraban para otro lado.

Con la mediación prejudicial cerrada sin acuerdo, la demanda civil ya está lista para avanzar en el Fuero Nacional Civil y Comercial. Será contra Google y también contra Meta, Facebook Argentina. El reclamo: un resarcimiento económico millonario.

El eje del planteo es demoledor: las plataformas no actuaron con la debida diligencia, incumplieron los estándares de seguridad que ellas mismas prometen y expusieron a un usuario común a una acusación penal monstruosa. Ahora, la historia entra en su capítulo judicial más esperado: el que podría obligar a los gigantes tecnológicos a hacerse cargo del daño que dejaron detrás.