La crisis judicial y empresarial que sacude al sistema de transporte público de La Plata acaba de dar un giro inesperado, con nuevos pedidos de imputaciones y allanamientos. Todo esto se desató después de que el abogado Pablo Grillo Ciocchini lograra que la Justicia prorrogue hasta febrero de 2026 la medida cautelar que ratifica al presidente de la Empresa Nueve de Julio SAT, prolongando así un conflicto que involucra a varios actores clave del sector.
El abogado penalista Marcelo Peña no tardó en reaccionar, solicitando formalmente la imputación penal de los ocupantes de la sede de la empresa (Esteban Llanos, Gastón Robotti, Guillermo Stazi, Jorge Stoichevich, Martín Stoichevich, Martín Cassinotti, y Santiago de Mendieta, entre otros), quienes habrían protagonizado una toma ilegal del edificio entre la noche del 3 y el 4 de noviembre de 2025. Peña también exigió la realización de allanamientos urgentes en los domicilios vinculados a los ocupantes, para recuperar documentación crucial que habría desaparecido en ese violento episodio.
Según las presentaciones judiciales, la toma de la sede de Nueve de Julio SAT no solo fue un acto de ocupación violenta, sino también un robo de documentos clave que podrían poner en riesgo el proceso de licitación del servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad. Entre los papeles sustraídos se encontraban materiales indispensables para la preparación del pliego de bases y condiciones para la licitación, lo que coloca a la empresa en una clara desventaja competitiva.
La situación se agrava al tratarse de un proceso licitatorio estratégico para el futuro del transporte en La Plata, lo que no solo perjudica a la empresa, sino que pone en peligro los principios de transparencia y libre competencia que deben regir cualquier licitación pública.
Uno de los aspectos más oscuros de este caso es la presencia de figuras clave vinculadas al Grupo Unión Platense durante la toma de la sede. Este grupo ha sido señalado en múltiples ocasiones como el dominante del mercado de transporte platense. Entre los nombres mencionados, sobresale el de Martín Cassinotti, quien fue condenado en la causa conocida como "la banda de los jueces", y cuya participación en los hechos es vista con creciente preocupación debido a sus lazos políticos con funcionarios municipales, judiciales y empresariales.
La denuncia sugiere que la ocupación de la sede de Nueve de Julio SAT no fue un simple acto de vandalismo, sino parte de una maniobra empresarial orquestada para debilitar a un competidor directo en el marco de la licitación del transporte público. De ser cierta, esta estrategia beneficiaría a los intereses del Grupo Unión Platense, consolidando su hegemonía en el negocio del transporte en la ciudad.
Lo que parecía un conflicto estrictamente empresarial ha comenzado a tomar tintes de un escándalo institucional de alto voltaje. Se sospecha de un tráfico de influencias entre ciertos funcionarios municipales, quienes habrían hecho oídos sordos a graves incumplimientos en el servicio de transporte. Este desinterés podría estar vinculado a la adjudicación anticipada de la zona Este a la empresa Expreso La Plata Buenos Aires SA, cuyo servicio estuvo suspendido por más de 40 días debido a conflictos gremiales.
Según la denuncia, el incumplimiento de esta empresa sería causal suficiente para la resolución del contrato de concesión bajo el pliego de Bases y Condiciones, algo que no ha ocurrido, generando aún más dudas sobre la transparencia del proceso y la verdadera naturaleza de las negociaciones en curso.
El caso sigue siendo un tema caliente en la ciudad, con allanamientos y posibles imputaciones en juego. La gran pregunta es si tanto la Justicia como el poder político estarán dispuestos a ir hasta el fondo para esclarecer este entramado de intereses económicos y políticos, o si este episodio quedará como una más de las tantas maniobras oscuras que marcan la historia del transporte en La Plata.
El futuro de la licitación y la transparencia en la gestión pública están en juego. Los ojos de la ciudad están bien abiertos, y la presión para que se actúe con rapidez y justicia se intensifica a medida que avanza este tenso conflicto empresarial.
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