El conflicto entre afiliados y la obra social bonaerense IOMA sumó un nuevo capítulo de alto impacto institucional. El estudio jurídico Annuasi Castañón Hurtado (ACH) denunció públicamente el incumplimiento de una orden judicial firme y anunció que avanzará con acciones directas contra el presidente del organismo, Homero Giles, a quien responsabilizan por una gestión que califican como “grave, dilapidaria y perjudicial para los afiliados”.

Según informaron desde el estudio, en abril de 2025 obtuvieron una sentencia favorable en un recurso de amparo contra IOMA con el objetivo de garantizar prestaciones de salud que habían sido negadas o demoradas de manera sistemática. No obstante, denunciaron que la conducción de la obra social continúa eludiendo la manda judicial, profundizando una situación que consideran ilegal y de extrema gravedad.

Axel Hurtado y Santiago Annuasi Castañón, titulares de ACH, afirmaron que la falta de cumplimiento ya no puede atribuirse a problemas administrativos. “Estamos frente a un mal desempeño funcional que afecta derechos constitucionales básicos, como el acceso a la salud”, sostuvieron.

En declaraciones públicas, los abogados fueron categóricos al cuestionar el funcionamiento del organismo: “El servicio de salud y la cobertura médica no pueden convertirse en un negocio. Mucho menos cuando se trata de empleados públicos que no tienen otra alternativa y terminan siendo rehenes de IOMA. A esto se suma el maltrato por parte de algunos empleados hacia afiliados que cumplen regularmente con el pago de su cuota”.

La situación genera creciente preocupación entre afiliados y prestadores, quienes advierten sobre atrasos, recortes y trabas burocráticas que impactan de manera directa en tratamientos, estudios y prácticas médicas esenciales.

Respaldados en normativa constitucional y jurisprudencia vigente, desde ACH anticiparon que avanzarán judicialmente contra el patrimonio personal del presidente de IOMA y de los funcionarios responsables de las áreas que incumplan la orden judicial. La estrategia, explicaron, busca establecer responsabilidades individuales frente a lo que consideran una conducta reiterada y consciente.

El escenario abre así un interrogante de fondo sobre el rol del Poder Judicial:
¿hará valer los derechos de los afiliados o volverá a blindar a las autoridades de IOMA frente a denuncias que, según los denunciantes, ya no pueden ser ignoradas?