A cinco años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los registros oficiales del propio estado bonaerense permiten dimensionar el alcance de una política pública que consolidó al aborto como una práctica sistemática dentro del sistema de salud provincial.

Entre 2020 y 2023, durante la gestión de Axel Kicillof, se realizaron al menos 128.078 abortos en efectores públicos de la provincia de Buenos Aires, según datos provistos por la Defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por Guido Lorenzino, dirigente alineado con el oficialismo provincial. Las cifras surgen de la suma de 14.330 prácticas en 2020, 33.147 en 2021, 39.718 en 2022 y 40.883 en 2023, lo que evidencia un crecimiento sostenido año tras año. En apenas tres años, el número de abortos casi se triplicó.

Lejos de tratarse de un fenómeno marginal, los datos reflejan la consolidación de una política de Estado sostenida, financiada y promovida activamente por el gobierno provincial, en línea con la agenda impulsada por el movimiento feminista y los organismos que históricamente reclamaron la legalización del aborto. Desde la sanción de la ley 27.610, la provincia de Buenos Aires se convirtió en uno de los principales territorios de implementación del aborto legal en la Argentina.

El propio discurso oficial reconoce que el incremento de las cifras no responde necesariamente a un aumento de embarazos no deseados, sino a la incorporación de estas prácticas al circuito formal del sistema sanitario, bajo supervisión estatal y con financiamiento público.

El cambio no fue solo cuantitativo, sino también cualitativo. De acuerdo con los registros provinciales, el 86 por ciento de los abortos realizados en 2023 se efectuó mediante métodos farmacológicos, principalmente a través de misoprostol y mifepristona, medicamentos provistos por el Estado. Apenas el 1 por ciento de los casos se resolvió exclusivamente por vía quirúrgica. Este esquema consolidó un modelo de aborto ambulatorio, menos visible, pero de alcance masivo.

Detrás de estas cifras se despliega una estructura política, administrativa e ideológica que sostiene la práctica: ministerios, programas de salud sexual y reproductiva, organismos descentralizados, capacitaciones obligatorias para equipos médicos y campañas de difusión impulsadas por el Estado provincial, muchas de ellas en articulación con organizaciones identificadas con el feminismo y la militancia por el aborto legal.

Buena parte de estas políticas se financia con recursos públicos, en un contexto marcado por dificultades estructurales del sistema de salud, escasez de insumos y problemas para garantizar prestaciones esenciales en hospitales y salas del interior bonaerense. Aun así, la provisión de medicamentos abortivos y la garantía de la práctica se mantuvieron como una prioridad política.

El propio comunicado de la Defensoría del Pueblo reconoce la existencia de brechas territoriales, falta de información y obstáculos en el acceso. Sin embargo, lejos de abrir un debate de fondo sobre las consecuencias sociales, sanitarias y demográficas de esta política, la respuesta oficial insiste en profundizarla y blindarla frente a cualquier cuestionamiento.

A cinco años de la legalización, los datos oficiales ya no admiten eufemismos: el aborto dejó de ser una excepción para convertirse en una política pública estructural en la provincia de Buenos Aires, impulsada por el gobierno de Axel Kicillof y sostenida por una red de organismos estatales y organizaciones militantes que lo presentan como un derecho incuestionable.

El debate de fondo —ausente en los informes oficiales— sigue siendo el mismo: el rol del Estado frente a la vida por nacer, el destino de los recursos públicos y la falta de políticas integrales que ofrezcan alternativas reales a las mujeres en situación de vulnerabilidad, más allá de la interrupción del embarazo.