La situación judicial del diputado nacional Cristian Ritondo se agrava. Días después de denunciar por “hostigamiento” al abogado que lo había llevado ante la Justicia por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, ahora enfrenta una nueva acusación penal por abuso de autoridad y peculado, es decir, el uso indebido de recursos y prerrogativas del Estado con fines personales.

La denuncia fue presentada por el abogado Jeremías Rodríguez y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 11, Secretaría 22, a cargo del juez Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Carlos Stornelli. El escrito sostiene que la denuncia impulsada por Ritondo contra Rodríguez habría tenido un carácter intimidatorio y se habría realizado utilizando recursos públicos y funcionarios del Estado.

Según la presentación judicial, Ritondo habría empleado medios nacionales y asesoramiento estatal para avanzar en una acción judicial de carácter estrictamente personal. El eje de la acusación apunta al abogado Agustín Esnal, quien figura como firmante de la denuncia por hostigamiento contra Rodríguez.

Esnal es actualmente empleado de ACARA, un ente cooperador que contrata personal para cumplir funciones en el Ministerio de Justicia de la Nación. La denuncia sostiene que Ritondo habría hecho uso de ese recurso estatal —incluido el asesoramiento legal de Esnal— para su defensa personal, lo que configuraría el presunto delito de peculado.

El escrito detalla además el perfil y los vínculos institucionales de Esnal, quien es socio del estudio Canosa Abogados, profesor titular de Derecho Penal Financiero en la UBA y exfuncionario de distintos organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Seguridad y la ANSES. Su trayectoria incluye años como escribiente auxiliar en el Poder Judicial de la Nación y mantiene lazos familiares con altas instancias judiciales: su esposa, María Lucila Bienati, es secretaria en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Estas conexiones, subraya la denuncia, refuerzan la necesidad de un trámite judicial especialmente cuidadoso y transparente, dada la sensibilidad institucional del caso.

Rodríguez también imputa a Ritondo el posible delito de abuso de autoridad, al señalar que habría utilizado su cargo y despacho como diputado nacional para impulsar la denuncia por hostigamiento contra su denunciante, fijando como domicilio legal su oficina en el Congreso de la Nación.

Esta nueva presentación se inscribe en el marco de las causas judiciales iniciadas a partir de investigaciones periodísticas que expusieron el patrimonio, el entramado inmobiliario y las estructuras societarias vinculadas a Ritondo. A partir de esas publicaciones, la Justicia avanzó con pedidos de informes y medidas probatorias que confirmaron la existencia de desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires, cuentas bancarias y financieras, y sociedades a nombre del diputado, su pareja y una constructora de su entorno.

Las respuestas oficiales remitidas a los juzgados ratificaron información patrimonial y financiera relevante, reforzando las hipótesis de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que permanecen bajo análisis penal. En ese contexto, el cruce de denuncias aparece como un nuevo capítulo de una causa que expone presuntos abusos de poder y el uso del aparato estatal para intimidar a quienes impulsan investigaciones judiciales contra dirigentes políticos.