Un reciente fallo de la Justicia federal volvió a poner en debate el alcance real de la Ley de Acceso a la Información Pública en la Argentina, al ordenar a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que entregue información completa sobre sus convenios, contratos y rendición de gastos, incluyendo aquellos celebrados con entidades privadas.

La decisión fue tomada por el titular del Juzgado Federal N° 4 de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, quien hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el propietario del diario El Día, Raúl Eduardo Kraiselburd a través de su abogado Marcelo Szelagoswki. . El reclamo había sido impulsado ante la falta de respuestas completas por parte de la Fundación frente a un pedido formal de acceso a la información.

La sentencia, con fecha del 12 de marzo, ordena a la Fundación entregar la información completa en un plazo de diez días hábiles, incluyendo todos los contratos con privados.

El conflicto se originó el 6 de noviembre de 2024, cuando el demandante solicitó, en el marco de la Ley 27.275, detalles precisos sobre los contratos y convenios firmados por la Fundación con organismos públicos y empresas privadas, así como también información sobre los ingresos generados, su impacto en el presupuesto y copias de los acuerdos correspondientes a los últimos cinco años.

Sin embargo, la respuesta de la entidad fue parcial. La Fundación se limitó a informar únicamente sobre fondos públicos, excluyendo deliberadamente los convenios con privados. Esta conducta fue interpretada por el demandante como un intento de restringir el control ciudadano, lo que derivó en la presentación judicial.

En su fallo, el juez Recondo fue contundente al rechazar la postura de la Fundación. Señaló que no puede fragmentar la información ni ocultar aspectos relevantes de su funcionamiento. En particular, remarcó que los acuerdos con empresas privadas forman parte de su actividad institucional y no pueden considerarse ajenos a su vínculo con el ámbito público.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la caracterización de la Fundación. Si bien formalmente se trata de una persona jurídica privada, el magistrado entendió que en la práctica actúa como una extensión de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Entre los argumentos destacados, mencionó que la entidad está presidida por el decano de la facultad,

el ingeniero Marcos Actis, y que su conducción está integrada mayoritariamente por autoridades académicas.

Además, el fallo subraya que el objetivo de la Fundación es financiar y sostener actividades universitarias, utilizando recursos humanos y materiales de la propia institución. Esta “íntima vinculación” con el Estado, según el juez, impide considerarla como una organización privada independiente y la obliga a cumplir con los estándares de transparencia exigidos por la ley.

La sentencia ordena a la Fundación entregar toda la información requerida en un plazo de diez días hábiles, incluyendo documentación sobre acuerdos comerciales, transferencias tecnológicas, servicios prestados a empresas y cualquier otro vínculo contractual que genere ingresos.

Aunque el fallo no señala irregularidades concretas, sí deja planteados interrogantes relevantes sobre el contenido de esos contratos: los montos involucrados, las condiciones de contratación, los beneficiarios y la distribución de los recursos obtenidos.

En este sentido, la resolución pone de relieve que la falta de acceso a la información puede generar sospechas sobre el uso de los fondos, especialmente cuando se trata de instituciones vinculadas al ámbito público. La decisión judicial refuerza así el principio de que la transparencia no es opcional, sino una obligación.

“La información pertenece a los ciudadanos. El acceso no es un favor, sino un derecho”, concluyó el juez Recondo en un fallo que podría sentar un precedente importante para otros casos similares en el país.

De este modo, la resolución no solo impacta en la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, sino que también reafirma el alcance de la Ley de Acceso a la Información Pública como una herramienta clave para garantizar el control social sobre el uso de recursos y la gestión de entidades vinculadas al Estado.