La bomba ya estalló y cada día suma más capítulos. El presunto entramado de estafas inmobiliarias alrededor de ABES en La Plata dejó de ser un conflicto empresarial para convertirse en un escándalo de alto voltaje judicial, con acusaciones gravísimas, documentos bajo sospecha y una trama que huele cada vez peor.

Mientras crece el número de damnificados que reclaman por departamentos que nunca llegaron —o inversiones que se evaporaron—, ahora apareció un elemento que podría dinamitar todo: la viuda del fundador de la firma denunció que le falsificaron la firma en un acta clave.

Se trata de Lucrecia Villar Loos, quien salió con los tapones de punta tras detectar la existencia de un documento —el acta Nº 6, fechada el 30 de diciembre de 2024— en el que supuestamente avalaba el uso de fondos de otros fideicomisos para cubrir agujeros financieros de la empresa. El problema: asegura que ese día ni siquiera estaba en el país.

Según su presentación judicial, había viajado a Brasil el 29 de diciembre junto a su pareja y recién regresó el 4 de enero. Para sostenerlo, adjuntó pasajes, vouchers de hotel y registros migratorios. En otras palabras: denuncia que su firma es “trucha” y que el acta directamente es inválida.

Pero eso no es todo. La mujer también puso el foco en un dato explosivo: el documento en cuestión estaría en manos de personas que, casualmente, la acusan de haber generado perjuicios económicos. “No es normal que terceros tengan acceso a documentación interna de una sociedad”, deslizó, dejando entrever una posible filtración o algo peor.

En ese marco, pidió medidas contundentes: desde el secuestro del libro de actas de la empresa hasta una pericia caligráfica para determinar si la firma fue falsificada y cuándo se habría insertado. Incluso solicitó que se verifiquen oficialmente sus movimientos migratorios para despejar cualquier duda.

Como si faltara tensión, en paralelo se frenó el traspaso de la sociedad a un grupo inversor tras un fallo judicial que primero habilitó la operación y, cinco días después, dio marcha atrás. Esa marcha y contramarcha no hizo más que aumentar la incertidumbre y el malestar entre quienes pusieron dinero y hoy no saben si lo recuperarán.

Por su parte, la nueva administración de ABES también se metió de lleno en la causa y pidió ser reconocida como particular damnificada. Según plantearon, hubo un vaciamiento sistemático: bienes que debían respaldar las obligaciones de la empresa habrían sido desviados hacia otras firmas vinculadas, dejando a la desarrolladora al borde del colapso.

“El núcleo de la maniobra fue despojar a la sociedad de sus activos y dejarla sin respaldo”, sostuvieron en su presentación, en lo que suena a una acusación directa de defraudación estructural.

Con inversores en alerta, documentos cuestionados y una guerra interna que ya se dirime en tribunales, el caso ABES empieza a perfilarse como uno de los mayores escándalos inmobiliarios de los últimos años en La Plata. Y lo más inquietante: todavía falta ver hasta dónde llega.