La Justicia Federal de La Plata avanzó en las últimas horas contra la cúpula de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera al procesar y dictar embargos contra su presidente, Hugo Mazzacane, y su vicepresidente, Gastón Mazzacane, en el marco de una causa por presunta evasión impositiva y defraudación al Estado. La maniobra investigada alcanzaría un perjuicio cercano a los 4 mil millones de pesos en poco más de cinco años.

La investigación, impulsada por la fiscal federal Laura Roteta, logró reconstruir un esquema que involucraría a distintas sociedades vinculadas a la familia Mazzacane. Según se detalló, se habrían utilizado circuitos de ventas no declaradas, mecanismos de elusión tributaria y movimientos de bienes entre empresas para reducir la carga fiscal y ocultar el verdadero volumen de operaciones.

Como resultado, además de los dos principales directivos de la ACTC, fueron procesados otros empresarios, entre ellos Juan Manuel Mazzacane. La medida fue dispuesta por el juez federal Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, quien también ordenó el embargo de más de 100 vehículos, siete propiedades y once cuentas bancarias.

De acuerdo con la causa, los acusados estarían al frente de la firma Quilmes Tolosa S.A., una distribuidora de cerveza con fuerte presencia en el sur del conurbano bonaerense. Para la Justicia, esta empresa habría sido el eje de un entramado societario destinado a evadir impuestos mediante operaciones no registradas y desvío de fondos.

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, delegación La Plata, que detectó irregularidades en distintos tributos correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2021 y 2024, además de un presunto vaciamiento patrimonial sostenido durante varios años.

Durante la pesquisa se realizaron allanamientos en domicilios y oficinas comerciales, donde se secuestró documentación contable y financiera clave, además de dinero en efectivo. Los procedimientos contaron con la intervención de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal.

Según la hipótesis fiscal, entre 2014 y 2024 se habría desplegado un esquema sistemático orientado a generar o profundizar la insolvencia fiscal de la empresa principal, con el objetivo de evitar el pago de impuestos. Entre las maniobras detectadas figuran transferencias de bienes a sociedades vinculadas, uso de contabilidad paralela, desvío de ingresos y continuidad operativa a través de estructuras alternativas.

En este contexto, fuentes judiciales señalaron que el perjuicio al fisco nacional asciende a $3.965.225.508.

Cabe recordar que no es la primera vez que Hugo Mazzacane enfrenta problemas judiciales: en 2018 fue imputado en una causa vinculada al uso de facturas apócrifas en el automovilismo, investigación que incluyó allanamientos en el autódromo Roberto Mouras.

Por su parte, Gastón Mazzacane también fue denunciado en el pasado por abuso sexual por una expareja, causa en la que se lo acusó de haber mantenido relaciones no consentidas durante años.

A pesar de estos antecedentes, ambos continúan formando parte de la conducción de la ACTC, entidad responsable de organizar el Turismo Carretera, una de las categorías más convocantes del automovilismo argentino.

En tanto, desde el ámbito periodístico, se destaca que los portales diariogranlaplata.com y diariogranargentina.com fueron los primeros medios del país en advertir y denunciar públicamente estas maniobras, aportando documentación y pruebas que anticipaban el avance de la causa judicial.