El origen del conflicto se remonta al 15 de abril, cuando en la Escuela Secundaria N° 28 de Villa Elisa apareció un mensaje amenazante escrito en un baño que advertía sobre un presunto tiroteo. La situación generó temor en la comunidad educativa y motivó una rápida denuncia ante la comisaría 12ª.

Según se detalla en la presentación judicial, el contenido del mensaje presenta características que podrían implicar un riesgo concreto, por lo que se solicitó una intervención preventiva urgente del Estado. En principio, la causa se encuadra en el delito de intimidación pública, aunque no se descarta que puedan incorporarse otras figuras penales conforme avance la investigación.

Además de denunciar el hecho, el planteo incluye un pedido de medidas inmediatas para resguardar a estudiantes, docentes y personal escolar. Entre ellas, se destacan la presencia de custodia policial en el establecimiento, la identificación de los responsables, la preservación de registros de cámaras de seguridad de la zona, la intervención de áreas de seguridad escolar, la notificación a las autoridades educativas y la activación de protocolos de riesgo.

La denuncia también prevé la presentación de pruebas como imágenes del mensaje intimidatorio —que ya circulan de manera informal— y testimonios de integrantes de la comunidad educativa. Asimismo, se solicitó conservar registros escolares y material audiovisual que podrían resultar claves para la investigación.

El abogado que representa a la familia, Marcelo Peña, remarcó la importancia de actuar con rapidez: “Tomar en serio una amenaza escolar no implica generar pánico, sino responder de manera adecuada”. En esa línea, sostuvo que la seguridad de los estudiantes requiere decisiones institucionales inmediatas y no puede quedar sujeta a interpretaciones.

Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de reiteradas amenazas en escuelas, muchas veces difundidas de forma anónima o a través de redes sociales. Frente a este escenario, especialistas coinciden en que la prevención, la rápida activación de protocolos y la coordinación entre organismos resultan fundamentales para evitar situaciones de riesgo.

Mientras tanto, la investigación buscará determinar el origen del mensaje y establecer si existía una intención real de concretar la amenaza o si se trató de un acto intimidatorio. Sin embargo, desde el ámbito judicial subrayan que, ante este tipo de situaciones, el criterio es claro: toda advertencia debe ser considerada potencialmente real hasta que se demuestre lo contrario.