Un impactante operativo judicial en la Unidad Penal 9 de La Plata dejó al descubierto un presunto mercado ilegal que funcionaba dentro del establecimiento, con la circulación de celulares, computadoras, consolas de videojuegos y sustancias prohibidas. La causa, que ya apunta a una posible red de corrupción interna, es investigada por la fiscal Virginia Bravo.
El procedimiento se llevó a cabo el pasado viernes en el pabellón 16 del penal de Villa Elvira, donde se alojan internos vinculados a fuerzas de seguridad. Durante varias horas, funcionarios judiciales, efectivos de la DDI y peritos de Policía Científica realizaron una requisa exhaustiva celda por celda.
Como resultado del allanamiento, se incautaron más de cien teléfonos celulares, notebooks, computadoras, routers, dispositivos de almacenamiento y equipos para amplificar señal de internet. También fueron secuestradas consolas de videojuegos como PlayStation 4 y 5, además de grandes cantidades de cigarrillos y otros elementos que serían utilizados para la comercialización interna.
Según fuentes del caso, la investigación se originó tras detectar irregularidades en la distribución de mercadería destinada a los internos. Alimentos e insumos básicos no llegaban a todos los detenidos y, en cambio, terminaban en manos de un preso conocido como “El Tano”, señalado como el presunto organizador de la venta ilegal dentro del pabellón.
De acuerdo a las sospechas, en ese sector del penal funcionaba un circuito clandestino donde se vendían cigarrillos, alimentos e incluso droga y alcohol, configurando un esquema de economía paralela. La causa también involucra a personal jerárquico del establecimiento, incluyendo responsables de depósitos y autoridades, quienes podrían haber participado en el desvío de mercadería.
La investigación cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N°5, a cargo de la jueza Marcela Garmendia, quien avaló las medidas impulsadas por la fiscalía. No se descartan nuevas imputaciones ni detenciones en las próximas horas, en un expediente que podría tener fuerte impacto dentro del sistema penitenciario bonaerense.
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