El Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas contra una red de abogados acusados de montar un sistema de fraude contra compañías de seguros en la zona sur del conurbano. La decisión, firmada por los jueces Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, rechazó todos los recursos de las defensas y dejó firmes las penas dictadas en agosto de 2025.

Según informó Infobae, la causa expuso un mecanismo aceitado durante años. Abogados, empleados y colaboradores externos armaban reclamos por accidentes de tránsito inexistentes o directamente fraguados, presentándose como víctimas para cobrar indemnizaciones. Según la Justicia, no se trataba de hechos aislados sino de una estructura organizada, con roles definidos y funcionamiento permanente.

Entre los condenados aparecen Alfredo Daniel Truglio, Carlos Pellicori, Carla Pellicori, Pedro Pellicori, Alejandro Gabriel Cheves, Mauricio Ariel Ledesma, Gustavo Martín Viceconte y Fabián Esteban Contino, entre otros. La mayoría recibió penas de tres años de prisión, en varios casos de cumplimiento efectivo, además de la inhabilitación para ejercer la abogacía. En el caso de Truglio, la condena fue más severa: cinco años y tres meses, señalado como jefe de la asociación ilícita.

El fallo respalda una investigación de años encabezada por el fiscal Sebastián Scalera, basada en escuchas telefónicas, documentación judicial y pruebas que revelaron cómo operaba la red. En esas comunicaciones se coordinaban testigos, se negociaban “carpetas” y se pactaban pagos entre los distintos actores. También se detectó la rotación de testigos entre causas y la distribución de reclamos fraguados entre distintos estudios jurídicos.

El esquema incluía la organización completa del hecho ficticio: se inventaba el accidente, se designaban supuestas víctimas, se armaban testimonios y luego se iniciaban reclamos en sede civil o instancias de mediación para obtener dinero de las aseguradoras. En algunos casos, los propios abogados financiaban la maniobra pagando anticipos a quienes participaban.

La causa también dejó al descubierto expedientes duplicados, declaraciones repetidas y documentos médicos falsificados. Incluso hubo clínicas que negaron haber atendido a las personas que figuraban como lesionadas en los reclamos.

Las defensas intentaron sostener que no existía una organización criminal, sino vínculos laborales aislados entre abogados y los llamados “punteros” o reclutadores, como Bootz y Matus, quienes acercaban casos. También argumentaron que no se había probado un acuerdo de voluntades para delinquir ni la existencia de una “banda”.

Sin embargo, el tribunal rechazó de plano esa postura. El juez Natiello fue contundente al describir la maniobra: explicó que detrás de estudios jurídicos que se presentaban como confiables, se escondía una estructura diseñada para aprovecharse de la comunidad y obtener un enriquecimiento ilícito a costa de las aseguradoras.

En el caso de los hermanos Pellicori, se valoraron audios y mensajes en los que discutían cómo despegarse de la operatoria ante el avance de la investigación. Para la Casación, ese comportamiento no los desligaba, sino que demostraba que eran conscientes del carácter ilegal del esquema.

Las defensas de Cheves y otros integrantes del circuito vinculado a Guidolín también cuestionaron la falta de prueba directa sobre casos concretos. El tribunal respondió que el conjunto de evidencias, la reiteración de maniobras y la participación en la cadena de reclamos resultaban suficientes para sostener las condenas.

Otro punto que los jueces dejaron claro es que el delito no depende del daño económico final. El solo hecho de montar el fraude ya configura una conducta penalmente reprochable, más allá de si la aseguradora llegó o no a pagar.

Respecto a la figura de asociación ilícita, uno de los ejes de discusión fue la supuesta falta de un jefe claro o de reuniones formales entre los integrantes. La sentencia descartó ese argumento y sostuvo que el acuerdo de voluntades puede probarse a través de la acción coordinada, la distribución de tareas y el reparto de ganancias.

En ese sentido, el fallo fue categórico al señalar que Truglio, titular del estudio jurídico que llevaba su nombre, actuó como líder de la organización, junto a los hermanos Pellicori y Mariano Zas, entre otros.

Los montos reclamados en los expedientes fraguados también reflejan la magnitud del esquema, con cifras que llegaban a los 2.326.800 pesos por caso. Para la Justicia, esto evidencia una operatoria sistemática, con una lógica casi industrial que se extendía por toda la región sur del conurbano bonaerense.

El abogado Nicolás D’Albora, representante de las aseguradoras, destacó que el fallo marca un precedente clave en la lucha contra la llamada “industria del fraude” y advirtió que se trata de un mensaje directo para quienes utilizan la profesión para este tipo de maniobras.

Con esta resolución, la Casación no solo confirmó las penas, sino que dejó expuesto un circuito que durante años operó bajo apariencia legal, pero que, según la Justicia, funcionaba como una verdadera maquinaria para estafar.