Un nuevo foco de malestar se desató en La Plata tras conocerse que la Justicia autorizó la salida transitoria de un ex funcionario del Poder Judicial de Quilmes condenado por abuso sexual para asistir a una instancia educativa en la Universidad Nacional de La Plata.

Se trata de Mariano Hernán Cianis, condenado en 2019 a 15 años de prisión y actualmente alojado en la Unidad N° 1 de Lisandro Olmos. Según trascendió, el próximo martes concurrirá a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP para rendir el examen final de la materia Derecho Social del Trabajo.

La situación generó indignación tanto en el entorno de la víctima como dentro de la comunidad educativa. Frente a este escenario, familiares y allegados convocaron a una manifestación pacífica frente a la sede de la facultad, ubicada en 48 entre 6 y 7, entre las 8 y las 14.

En el comunicado difundido para convocar a la protesta señalaron que buscan expresar el rechazo a los beneficios otorgados a personas condenadas por delitos graves contra niños y reclamar que el sistema judicial priorice la protección de las víctimas y escuche a las familias.

Además, denunciaron que el condenado habría intentado contactar a la víctima desde el penal utilizando el acceso a un dispositivo móvil. Por este hecho, la madre de la joven realizó recientemente una denuncia penal y presentó capturas de pantalla de los mensajes enviados.

Según trascendió, uno de esos mensajes incluía un pedido de perdón por el daño causado y el deseo de obtener algún día el perdón de la víctima.

El caso tomó notoriedad pública luego de la denuncia realizada en 2014 por la joven, que entonces tenía 17 años. Según el expediente judicial, denunció haber sufrido abusos reiterados desde que tenía 5 años, mientras convivía con quien era pareja de su madre.

Tras la denuncia, Cianis permaneció prófugo durante dos años en Brasil hasta que fue localizado y detenido en 2016 luego de una investigación judicial que permitió reconstruir su paradero.

En 2019 fue condenado a 15 años de prisión. La pena vence formalmente el 5 de julio de 2031.

La autorización judicial para que pueda asistir a rendir un examen universitario volvió a abrir el debate sobre el alcance de los beneficios para personas condenadas por delitos graves y motivó la convocatoria que tendrá lugar en la sede de la UNLP.