El proceso para cubrir cargos vacantes en la Justicia federal volvió a quedar envuelto en una fuerte discusión política. En esta oportunidad, el foco está puesto sobre la postulación de la abogada María Verónica Michelli para ocupar un lugar como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata, cuyo tratamiento permanece sin avances en el Senado.

De acuerdo con versiones surgidas desde distintos sectores legislativos, el expediente no estaría detenido por cuestionamientos sobre la trayectoria profesional ni por observaciones técnicas vinculadas a su perfil, sino por una decisión política que tendría origen en el Poder Ejecutivo.

Según trascendió, la medida habría sido impulsada por Karina Milei. El punto que genera controversia es que Michelli sería familiar política del periodista Hugo Alconada Mon, quien en los últimos meses publicó investigaciones que generaron tensión con el oficialismo, entre ellas artículos relacionados con la causa “Libra” y trabajos sobre el patrimonio de funcionarios nacionales.

Una mayoría que existe, pero no avanza

La situación también abrió interrogantes dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Juan Carlos Pagotto. Fuentes parlamentarias sostienen que la candidatura ya reunió las firmas necesarias para obtener dictamen favorable y quedar habilitada para ser debatida en el recinto.

Sin embargo, pese a contar con respaldo suficiente, el expediente continuaría sin movimiento formal desde hace semanas. En el Congreso interpretan que el retraso respondería más a definiciones políticas que a cuestiones reglamentarias.

Sectores de la oposición advierten que un eventual rechazo basado en relaciones familiares podría abrir un precedente delicado para futuros procesos de designación judicial, al considerar que las evaluaciones deberían centrarse exclusivamente en antecedentes e idoneidad profesional.

Otros nombres bajo revisión

El caso no sería el único. En el ámbito legislativo también circulan versiones sobre revisiones internas a otras postulaciones judiciales. Entre ellas aparecen las de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, cuyos nombres fueron vinculados políticamente a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

Dentro de ese escenario aparecen referencias al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, en medio de diferencias con el Gobierno por el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas.

A diferencia de esos expedientes, quienes siguen de cerca el caso sostienen que Michelli ya alcanzó el respaldo parlamentario necesario para avanzar. Ahora, la definición dependerá de si el oficialismo decide habilitar el tratamiento en el Senado durante las próximas semanas.