Por Mimi Dominici, especial para Diario Gran La Plata. 

Quieren meterla por la ventana. Sin debate real. Sin escuchar a quienes vienen denunciando hace años las consecuencias devastadoras de un sistema que parece haber decidido que el hombre siempre es culpable y que los niños son simples objetos de disputa. Ahora buscan incorporar la llamada “violencia vicaria” a la Ley 26.485, la ley de protección integral hacia las mujeres, bajo el argumento de que algunos padres utilizan a sus hijos para dañar a la madre. Pero la gran pregunta es otra: ¿qué ocurre cuando sucede exactamente al revés?

Porque sucede. Y mucho más de lo que quieren admitir.

Hay hombres separados de sus hijos por denuncias falsas. Hay niños alienados, manipulados psicológicamente y obligados a rechazar a uno de sus progenitores. Hay abuelos que dejaron de ver a sus nietos. Hay familias enteras destruidas por medidas judiciales tomadas sin pruebas firmes y bajo una mirada ideológica que parece haber reemplazado al sentido común.

Y aunque la enorme mayoría de los casos atravesados por esta maquinaria judicial e ideológica terminan perjudicando a hombres porque la perspectiva de género aplicada en la Justicia tiende a proteger automáticamente a la mujer también existen mujeres falsamente denunciadas, madres separadas injustamente de sus hijos y mujeres víctimas de manipulación judicial. Porque las falsas denuncias no tienen género. El problema es que el sistema está tan atravesado por una mirada sesgada que muchas veces invisibiliza todo aquello que no encaja dentro del relato oficial. Hay madres que también sufren alienación, impedimentos de contacto y causas armadas, aunque en una proporción muchísimo menor. Y justamente por eso el debate debería darse con honestidad, sin ideologías extremas y poniendo siempre en el centro a los niños, que son quienes terminan pagando las peores consecuencias de las guerras judiciales entre adultos.

Y mientras todo eso ocurre, nadie escucha a los niños.

La Justicia habla en nombre del “interés superior del niño”, pero en la práctica muchas veces hace exactamente lo contrario. Judicializa infancias, las convierte en trofeos de guerra y las somete a procesos traumáticos donde deben elegir entre mamá o papá para sobrevivir emocionalmente. Niños obligados a callar lo que sienten por miedo, presión o lealtades forzadas hacia el progenitor conviviente.

Si la Justicia hubiera escuchado a Ángel, hoy estaría vivo. Si alguien hubiese tomado en serio sus pedidos desesperados, sus lágrimas y el material que su padre grabó durante meses, no habría terminado asesinado. Si hubieran escuchado a Lucio Dupuy, probablemente también estaría jugando hoy en un patio como cualquier chico de su edad. Pero no lo escucharon. Y en ambos casos las responsables fueron sus madres o quienes convivían con ellas.

Sin embargo, el relato oficial sigue insistiendo en que el peligro tiene un solo género.

La perspectiva de género, aplicada de manera fanática y automática, terminó convirtiéndose en muchos casos en una herramienta que vulnera derechos básicos. Derechos de hombres, sí, pero sobre todo de niños. Porque cuando se separa injustamente a un padre de sus hijos, no solamente se destruye la vida de ese hombre: también se destruye la infancia de esos chicos y el vínculo con toda una familia. Abuelos, tíos, primos, afectos. Todo desaparece de un día para el otro por una denuncia que muchas veces jamás se comprueba.

Y detrás de todo eso empieza a aparecer algo todavía más grave: el negocio.

Durante años muchos no entendían por qué las falsas denuncias crecían de manera tan alarmante. Hoy las piezas empiezan a encajar. Hace apenas unos días salió a la luz el caso de una funcionaria denunciada por incentivar falsas denuncias de violencia de género para acceder al Plan Acompañar. Según la investigación, ella se quedaba con parte del dinero y el resto era para las denunciantes.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿cuántas denuncias nacieron realmente del dolor y cuántas fueron impulsadas por intereses económicos, políticos o ideológicos?

Porque ahora no solo quieren seguir ampliando figuras legales como la violencia vicaria, sino también convertir el Plan Acompañar en ley permanente. Más dinero. Más estructura. Más recursos. Pero las verdaderas víctimas siguen sin recibir ayuda real. Los presupuestos multimillonarios de organismos y ministerios parecen perderse en estructuras políticas gigantescas mientras mujeres realmente golpeadas, abusadas o vulneradas siguen esperando asistencia concreta.

Las utilizan para marchas, discursos y campañas. Después ocupan cargos y se olvidan de ellas.

Mientras tanto, del otro lado, aparecen cada vez más testimonios de personas destruidas por denuncias falsas. Hombres que perdieron sus casas, sus trabajos, el contacto con sus hijos y hasta las ganas de vivir. En Uruguay, un hombre denunciado falsamente terminó quitándose la vida luego de perderlo todo y quedar impedido de ver a sus hijos. Casos similares se repiten en distintos países del mundo. Pero de eso casi no se habla.

Porque escuchar la otra campana incomoda.

Hace tres años que vengo haciendo un trabajo de campo escuchando historias silenciadas. Hombres falsamente denunciados. Familias devastadas. Y hace poco, por primera vez, una mujer se animó a hablar públicamente sobre este entramado. Durante años el miedo fue total.

También empiezan a conocerse denuncias gravísimas contra profesionales y sectores judiciales. El caso del ex juez vinculado a psicólogas denunciadas por realizar informes calcados de supuestos abusos sexuales sacó a la luz un sistema escalofriante. Según denuncias impulsadas por abogados como Lucas Bianco, esos informes se comercializaban por miles de dólares. Todos similares. Todos apuntando al mismo objetivo: apartar padres de sus hijos.

Entonces el panorama empieza a ser todavía más oscuro.

Porque ya no se trata solamente de ideología. Se trata de dinero.

Y mientras tanto, la alienación parental que existe y está reconocida en numerosos países sigue siendo negada o ridiculizada para confundir a la sociedad mezclándola con debates terminológicos. Pero la realidad es concreta: manipular psicológicamente a un niño contra uno de sus padres es violencia. Destruirle el vínculo afectivo es violencia. Utilizarlo como arma judicial es violencia.

La Justicia debería proteger a los niños. No convertirlos en expedientes.

Y sin embargo siguen avanzando proyectos que profundizan aún más el desequilibrio. Más leyes contra el hombre. Más herramientas utilizadas sin controles. Más recursos destinados a estructuras que ya demostraron enormes irregularidades. Todo mientras las verdaderas víctimas quedan invisibilizadas y los chicos continúan siendo rehenes de adultos, ideologías y negocios.

Hay que empezar a revisar seriamente quiénes administran justicia. Hay que investigar jueces, fiscales, operadores y profesionales que hayan actuado de manera cómplice en causas armadas o manipuladas. Hay que destapar una estructura que durante años se movió con absoluta impunidad.

Porque cuando un sistema deja de escuchar a los niños, deja de ser justicia.

Y cuando el dolor de las víctimas se convierte en un negocio, lo que está en juego ya no es solamente una ley. Es el futuro de miles de familias.