En el marco del primer aniversario de la condena judicial contra la expresidenta
La iniciativa fue impulsada durante la séptima sesión ordinaria del año y cuenta con el acompañamiento de todo el bloque Fuerza Patria. El proyecto busca que el cuerpo deliberativo exprese su preocupación por lo que consideran una persecución judicial contra la exmandataria, condenada en la denominada
Durante su intervención, Bolis cuestionó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre Cristina Kirchner y sostuvo que la situación representa un grave antecedente para la democracia argentina.
“La dos veces presidenta, electa por las grandes mayorías populares de la Nación, hoy está proscripta y con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si una figura de esta magnitud está en esa situación, ¿qué nos espera al resto de los ciudadanos y ciudadanas que pedimos justicia?”, expresó la edil.
Asimismo, la concejal calificó el fallo judicial como una “aberración” y aseguró que el proceso estuvo atravesado por irregularidades. Según el proyecto presentado, la condena tuvo como objetivo perseguir políticamente a una de las principales referentes de la oposición al gobierno nacional.
La iniciativa también pone el foco en las restricciones que enfrenta la expresidenta en el régimen de visitas de su prisión domiciliaria. Desde Fuerza Patria sostienen que las condiciones impuestas son más severas que las aplicadas en otros casos de personas condenadas por delitos de lesa humanidad o vinculadas al narcotráfico.
“No van a censurar ni proscribir una opción política que se bancó 18 años de proscripción. Le tienen miedo a lo que Cristina pueda llegar a hacer, que es seguir tocando los intereses de los poderosos porque no es mascota de nadie”, afirmó Bolis.
Además, remarcó que la exmandataria había manifestado su intención de competir electoralmente antes de que quedara firme la condena y pidió que sea la ciudadanía quien decida en las urnas.
Finalmente, el proyecto destaca que este tipo de situaciones judiciales impactan sobre quienes defienden políticas de redistribución del ingreso y soberanía nacional, en un contexto marcado por la crisis económica, social e institucional que atraviesa el país.
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