La polémica por el proyecto de ley que impulsa el Gobierno nacional para regularizar el sistema energético sumó un nuevo capítulo. La Comisión de Usuarios Residenciales del ENRE (Cuenre), integrada por 29 asociaciones de usuarios y consumidores, presentó un duro rechazo ante la Comisión de Energía del Senado al considerar que la iniciativa podría significar una multimillonaria transferencia de recursos públicos a favor de las distribuidoras eléctricas.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, contempla mecanismos de compensación para las empresas de energía por los años de congelamiento tarifario. Entre las compañías que resultarían beneficiadas aparece Edelap, cuya deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) ronda los 120 millones de dólares.

Desde Cuenre advirtieron que resulta especialmente grave reconocer compensaciones económicas retroactivas a empresas que durante años fueron cuestionadas por cortes de suministro, falta de inversiones, deterioro de infraestructura y deficiencias en la calidad del servicio.

“Estas compañías continuaron cobrando la totalidad de las facturas a millones de usuarios mientras acumulaban enormes deudas con Cammesa”, señalaron en el documento elevado al Senado.

Según los cálculos de la entidad, el monto total de las compensaciones alcanzaría los 1.842 millones de dólares. La lista de beneficiarios estaría encabezada por Edenor, con una deuda a reconocer de 438 millones de dólares, seguida por Edesur con 345 millones. En tanto, el grupo DESA, integrado por Edelap, Eden, Edes, Edea y Edesa, recibiría beneficios por aproximadamente 474 millones de dólares.

Los representantes de usuarios remarcaron que se trata de energía que ya fue abonada por los consumidores a través de sus facturas mensuales.

Un antecedente que podría multiplicar los reclamos

Desde Cuenre sostienen que la medida podría abrir la puerta a reclamos similares de otros sectores regulados que también sufrieron el congelamiento tarifario durante los años de emergencia económica.

Pedro Busetti, referente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) e integrante de la comisión, explicó que varias provincias que no mantienen deudas con Cammesa ya comenzaron a reclamar compensaciones equivalentes.

“Provincias como La Pampa, Santa Fe, La Rioja, Formosa y Córdoba están pidiendo algún tipo de compensación económica similar. A los 1.842 millones de dólares para las distribuidoras podrían sumarse otros 500 o incluso 1.000 millones de dólares más”, advirtió.

El reclamo de los usuarios: “Si perdonan a las empresas, que también perdonen a las familias”

La comisión fue más allá y pidió que, en caso de aprobarse la condonación para las distribuidoras eléctricas, se implemente una medida similar para los usuarios residenciales que hoy no pueden afrontar el pago de los servicios.

“Hay miles de familias con deudas de 200.000 o 300.000 pesos porque la jubilación o el salario no alcanzan. Si se les perdona una cifra extraordinaria en dólares a un grupo de empresas, sería justo que también se contemple a los usuarios que se endeudan para poder pagar la luz”, afirmó Busetti.

Mientras el proyecto avanza en el Senado, crece la controversia sobre quién terminará absorbiendo el costo de una medida que podría representar uno de los mayores rescates económicos al sector energético de los últimos años.