Una presentación judicial reveló detalles de una presunta defraudación millonaria que habría afectado al Banco de la Provincia de Buenos Aires y a una de sus empresas vinculadas al sistema de pagos y recaudaciones. La situación salió a la luz en el marco de una demanda laboral iniciada por una ex empleada que cuestionó su despido y rechazó las acusaciones formuladas en su contra.

Según surge de la documentación incorporada al expediente judicial, la trabajadora fue desvinculada a comienzos de este año bajo la imputación de incumplimientos graves en las tareas de control de fondos provenientes de distintas agencias de cobro que operaban mediante convenios comerciales con la firma.

De acuerdo con la versión empresaria consignada en las comunicaciones laborales incorporadas a la causa, la empleada desempeñaba funciones dentro del área de Control de Saldos y tenía entre sus responsabilidades verificar diariamente la acreditación de los fondos recaudados por una red de agencias externas.

El faltante detectado habría superado los 3.315 millones de pesos

La documentación judicial indica que la empresa atribuyó a la falta de controles la generación de un saldo deudor que alcanzó los 3.315.603.770 pesos, cifra que habría sido detectada tras una revisión interna realizada durante enero de 2026.

Siempre según la versión expuesta por la empleadora, las agencias involucradas realizaban transferencias diarias correspondientes a pagos de servicios e impuestos cobrados a usuarios. Los fondos debían acreditarse en cuentas bancarias vinculadas a la operatoria de la empresa.

La firma sostuvo que durante varias semanas no se habrían verificado correctamente las acreditaciones, situación que derivó en un importante perjuicio económico. La acusación fue utilizada como fundamento para disponer el despido con causa de la trabajadora.

La ex empleada negó cualquier responsabilidad y cuestionó los controles internos

En su presentación judicial, la demandante rechazó de manera categórica todas las imputaciones y negó haber incurrido en conductas negligentes o incumplimientos laborales.

Asimismo, sostuvo que la empresa intentó responsabilizarla de manera individual por una situación que, según su planteo, evidenciaría fallas estructurales en los mecanismos de supervisión y control interno.

La ex trabajadora afirmó que no existió una omisión exclusiva de su parte y cuestionó que durante un período prolongado nadie advirtiera la supuesta ausencia de acreditaciones bancarias. También negó que el perjuicio económico atribuido haya sido consecuencia de sus tareas específicas.

La Justicia deberá determinar qué ocurrió con los fondos

El expediente tramita actualmente en el fuero laboral, donde la demandante reclama indemnizaciones y daños por una suma superior a los 107 millones de pesos.

Sin embargo, el contenido de las comunicaciones intercambiadas entre las partes expuso una situación de mucha mayor gravedad vinculada al presunto faltante de fondos que habría impactado sobre la operatoria de una empresa del grupo financiero relacionado con el Banco Provincia.

Fuentes judiciales señalaron que la controversia gira en torno a determinar si existió efectivamente una maniobra defraudatoria, quiénes eran los responsables de los controles y si la trabajadora despedida tuvo algún grado de participación o responsabilidad en los hechos denunciados.

Por el momento no existen resoluciones judiciales que acrediten responsabilidades penales ni civiles respecto del faltante millonario. La investigación sobre las circunstancias que rodearon la operatoria y el eventual destino de los fondos continúa bajo análisis, mientras el conflicto laboral avanza en los tribunales.

Trascendió que la empresa financiera que habría cometido la multimillonaria defraudación se denomina Fundraiser SAS, y que tendía vínculo con el presidente de la Asociación del Fútbol de Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.