Lunes 29 de junio de 2026
El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires formuló una observación sobre la gestión de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) tras detectar que durante el ejercicio 2024 la empresa liquidó 116.837 horas de Policía Adicional (POLAD) por encima de las cantidades previstas en el convenio firmado con el Ministerio de Seguridad bonaerense. La resolución incluyó un llamado de atención contra el entonces presidente de la compañía, José Ramón Arteaga, y otros integrantes de la conducción.
Según informó RealPolitik, la observación surge del fallo 234/2026, correspondiente a la rendición de cuentas de AUBASA del ejercicio 2024. Según el organismo de control, la empresa excedió las horas mensuales autorizadas para la prestación del servicio de Policía Adicional, incumpliendo las condiciones establecidas en el convenio suscripto el 7 de diciembre de 2023.
De acuerdo con el informe, el mayor exceso se registró en la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde se liquidaron 101.732 horas por encima de lo previsto. En el Sistema Vial Integrado del Atlántico se contabilizaron 15.345 horas adicionales, mientras que en la Ruta 6 se registró un saldo negativo de 240 horas.
El Tribunal de Cuentas sostuvo que el convenio permitía redistribuir efectivos entre los distintos corredores, pero no ampliar el total de horas autorizadas sin una modificación previa del acuerdo. Por ese motivo, concluyó que la operatoria representó un incumplimiento de las condiciones pactadas entre AUBASA y el Ministerio de Seguridad.
Durante el proceso de descargo, la empresa explicó que el incremento de horas respondió a distintas necesidades operativas y de seguridad vial, entre ellas emergencias, accidentes, obras sobre la traza, custodia de equipos, hechos de vandalismo, presencia de animales sueltos y refuerzos en fechas de alta circulación.
Sin embargo, el organismo consideró que esas justificaciones no alcanzaban para convalidar las liquidaciones realizadas. Además, señaló que la adenda incorporada al convenio en diciembre de 2024, que contempló situaciones excepcionales, no podía aplicarse de manera retroactiva para respaldar pagos efectuados con anterioridad.
El fallo incluyó entre los responsables a José Ramón Arteaga, quien presidió AUBASA entre el 6 de junio y el 31 de diciembre de 2024. También fueron alcanzados por el llamado de atención los expresidentes Felipe Martín Vismara y Juan Guillermo Sauro, además de Walter José Abarca, Diego Martín Lasala y Mauro Daniel Moretti, este último por su intervención en la confección de las boletas correspondientes al servicio de Policía Adicional.
El Tribunal entendió que las autoridades de la empresa tenían la responsabilidad de garantizar que la administración de los recursos se ajustara a las condiciones establecidas en el convenio vigente.
La resolución dejó en claro que la observación se circunscribe al plano administrativo. El Tribunal de Cuentas no dispuso cargos patrimoniales ni ordenó la devolución de dinero, aunque sí ratificó el incumplimiento formal del convenio y resolvió aplicar un llamado de atención a los funcionarios involucrados.
El fallo también analizó la situación económica de la empresa estatal. Durante 2024, AUBASA registró un activo superior a los 112.688 millones de pesos y un pasivo de más de 70.154 millones. No obstante, el ejercicio concluyó con un resultado negativo de 6.114 millones de pesos, producto de los costos operativos, los gastos de administración y el impacto del canon variable.
En ese contexto, el Tribunal de Cuentas remarcó la importancia de respetar los límites establecidos en los convenios que regulan la contratación de servicios, especialmente en una empresa que administra corredores estratégicos de la provincia de Buenos Aires y que atravesó un ejercicio con pérdidas económicas.
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