A casi tres años del estallido de la denominada "causa Chocolate", la investigación continúa siendo objeto de cuestionamientos por parte de distintos sectores que sostienen que el expediente permanece estancado y que el presunto circuito de empleados fantasma nunca dejó de funcionar.

Según diversas denuncias y planteos públicos, el esquema no solo habría involucrado a dirigentes vinculados al Frente Renovador, sino que también habría alcanzado a referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) y del PRO durante la gestión de Julio Garro en la ciudad de La Plata.

Las sospechas apuntan a que, dentro de la Legislatura bonaerense, los contratos de empleados presuntamente irregulares habrían estado distribuidos entre distintos espacios políticos. En ese contexto, algunas versiones sostienen que parte de esa estructura habría beneficiado al Frente Renovador y a sectores políticos ligados a Federico Otermín, dirigente cercano a Martín Insaurralde y Máximo Kirchner.

Incluso, algunas de las denuncias plantean que la ruta del dinero podría haber alcanzado niveles superiores dentro de la estructura política, aunque hasta el momento no existen resoluciones judiciales que acrediten esas responsabilidades.

El mismo mecanismo, según esas presentaciones, también habría tenido una réplica en la Municipalidad de La Plata. Hace aproximadamente tres años, el entonces funcionario Juan Cruz Condomí Alcorta impulsó una investigación interna sobre presuntos empleados fantasma que, de acuerdo con esas denuncias, vinculaba a Facundo Albini, Hugo Muguerza y al entonces intendente Julio Garro.

Tras la detención de Facundo Albini y el estallido del escándalo de la "causa Chocolate", las acusaciones sostienen que su lugar dentro del Concejo Deliberante habría sido ocupado por Raúl Omar Recavarren. Quienes impulsan estas denuncias afirman que el concejal registra una escasa actividad legislativa y que su permanencia respondería a la continuidad de la estructura política señalada, extremo que no ha sido probado judicialmente.

Asimismo, las denuncias sostienen que el sistema de contratos presuntamente irregulares no habría funcionado únicamente en la Legislatura bonaerense, sino que también se habría replicado en el ámbito municipal mediante acuerdos políticos entre distintos sectores.

Por otra parte, también circulan denuncias públicas contra Raúl Omar Recavarren por presuntos hechos de acoso sexual hacia integrantes de su espacio político. Hasta el momento, corresponde señalar que esas acusaciones deberán ser investigadas por