Miércoles 8 de julio de 2026
El juez federal Daniel Rafecas dispuso nuevas medidas de prueba en la investigación contra el diputado provincial Francisco Adorni, quien enfrenta un pedido de citación a declaración indagatoria por presunta falsedad y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales.
La causa, impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, investiga si el legislador bonaerense y hermano del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, omitió informar bienes, dinero y cuentas bancarias en las declaraciones juradas presentadas entre 2023 y 2026.
Como parte de las nuevas medidas ordenadas este miércoles, el juez Daniel Rafecas solicitó a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que remita la última declaración jurada patrimonial de Francisco Adorni. Además, libró un oficio al Banco Provincia para que informe todos los pagos realizados entre 2024 y 2026 correspondientes a un crédito hipotecario.
Asimismo, el magistrado requirió informes al Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de verificar la titularidad de dos inmuebles que, según la investigación, habrían ingresado al patrimonio del legislador a través de una sucesión hereditaria.
Las nuevas medidas fueron ordenadas antes de que Rafecas resuelva si hace lugar al pedido de declaración indagatoria presentado el pasado 18 de junio por el fiscal Marijuán.
Según la fiscalía, existen elementos para investigar la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en declaraciones juradas, luego de detectar que Adorni realizó múltiples rectificaciones patrimoniales una vez iniciada la investigación judicial.
De acuerdo con el dictamen fiscal, el funcionario corrigió información vinculada al valor de inmuebles, dinero en efectivo, cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros activos que inicialmente no habían sido declarados.
Uno de los puntos centrales de la investigación es que Francisco Adorni incorporó en una declaración jurada rectificativa la existencia de 21 millones de pesos provenientes de una herencia, monto que no había sido informado previamente ante la Oficina Anticorrupción.
Para Marijuán, esa modificación, sumada a otras rectificaciones posteriores, constituye un indicio de posibles omisiones relevantes en las declaraciones patrimoniales presentadas durante su desempeño como titular de la Unidad de Auditoría Interna, Auditor Interno del Ministerio de Defensa y luego presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF).
El fiscal sostuvo que las declaraciones juradas originales fueron modificadas en reiteradas oportunidades después de iniciada la auditoría patrimonial.
"El funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad", señaló el representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen.
La investigación sostiene que Adorni realizó más de diez correcciones a sus declaraciones juradas.
Entre los cambios incorporó dinero en efectivo, cuentas bancarias en pesos y dólares, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros que no figuraban en las presentaciones originales realizadas ante la Oficina Anticorrupción.
En una de las rectificaciones efectuadas en mayo de 2026, declaró haber contado con un millón de pesos en efectivo al inicio del período informado. Posteriormente agregó que poseía $24,5 millones en efectivo, de los cuales $21 millones correspondían a una herencia.
La última modificación fue presentada el 8 de junio de 2026, cuando incorporó nuevas cuentas bancarias y tarjetas de crédito, tanto propias como de su esposa, que no habían sido consignadas en las declaraciones anteriores.
Además de esta investigación por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas, Francisco Adorni también es investigado en otra causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py por presuntas irregularidades vinculadas al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y por un préstamo de 40.000 millones de pesos.
Mientras tanto, el juez Daniel Rafecas deberá resolver si las pruebas reunidas hasta el momento son suficientes para hacer lugar al pedido de declaración indagatoria formulado por la fiscalía.
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