Una serie de audios y testimonios revelan una maniobra de extracción ilegal de documentación en la sede platense del PAMI, que involucra a operadores del armado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), liderado por Sebastián Pareja y Juan Esteban "Juanes" Osaba.
Un nuevo escándalo sacude al PAMI. Un audio difundido por el portal REALPOLITIK expone una grave denuncia: el ingreso irregular de personas sin vínculo laboral con el organismo, quienes habrían retirado documentación confidencial de la sede ubicada en La Plata, en una presunta maniobra vinculada a figuras centrales del armado de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.
La conversación, entre Viviana Aguirre –excoordinadora Contable de la Unidad de Gestión Local (UGL) VII– y Natalia Bianchi, integrante del área de Coordinación Operativa del mismo organismo, denuncia el accionar de un grupo de operadores políticos que habrían actuado bajo las órdenes de Pareja y Osaba.
“Se llevaron papeles de PAMI sin estar trabajando adentro del PAMI. Además, es ilegal sacar papeles de PAMI”, se escucha decir a Aguirre en el audio.
El hecho habría ocurrido el 15 de enero de 2024 y, según las denunciantes, los implicados utilizaron como excusa un supuesto envío desde “PAMI Central”, algo que rápidamente fue desmentido por las autoridades locales.
Entre los involucrados aparecen varios nombres con contratos millonarios en el Estado y fuertes vínculos con el espacio libertario:
Ignacio “Nacho” Salaberren, exfuncionario de la gestión de Axel Kicillof, actualmente con un contrato en la Cámara de Diputados bonaerense.
Ednio Martín Llorens, apoderado de la empresa de seguridad sancionada Máxima Protección La Plata SA, con vínculo contractual con ANSES. Su hijo y expareja también tienen cargos públicos.
Emiliano Rossi, empresario radial con causas previas por violencia de género, también contratado en Diputados.
Lucrecia Osaba, hermana de “Juanes” Osaba, asumió un rol clave en el PAMI tras la salida de Aguirre.
Betiana Mariel Salas Ruiz, señalada como quien retiró físicamente la documentación. Fue luego designada en reemplazo de Aguirre.
Rodrigo Antonio Deij Rogat, con pasado en la gestión municipal de Julio Garro, hoy con contrato en ANSES y vinculado a una empresa de emergencias médicas.
Según Aguirre, la documentación sustraída podría haber sido utilizada para presionar o negociar con prestadores del sistema. “La corrupción no empezó con ellos, pero con esta nueva gestión se incrementó”, afirmó. El testimonio refuerza la hipótesis de un “negocio con prestadores”, donde los papeles robados servirían como herramienta de coacción.
La denuncia revela una compleja red de vínculos políticos, familiares y económicos alrededor del armado libertario en La Plata. Particularmente, el clan Llorens aparece como pieza clave, con contratos distribuidos entre varios integrantes de la familia y antecedentes que ponen en duda su idoneidad.
La empresa Máxima Protección La Plata SA, vinculada al propio Ednio Llorens y su expareja Jimena Delfino, ya fue sancionada en múltiples oportunidades por el ministerio de Seguridad bonaerense por operar al margen de la ley. Incluso fue inhabilitada por veinte años en 2008 por prestar servicios sin habilitación.
La denuncia se produce en un momento clave para el gobierno nacional, que basa su identidad política en la crítica a “la casta”. Sin embargo, este caso pone en jaque esa narrativa, al mostrar cómo operadores del espacio libertario habrían usado organismos públicos para beneficiar a sus allegados, en una lógica similar a la que aseguran combatir.
Mientras la causa avanza, la pregunta que persiste es: ¿hasta qué punto la “nueva política” está dispuesta a repetir las prácticas de siempre?
MÁS NOTICIAS
