Una fuerte polémica se desató tras la participación de la diputada nacional Juliana Santillán en un cruce televisivo con médicos residentes del Hospital Garrahan, quienes reclaman mejoras salariales frente al creciente costo de vida. En el intercambio, Santillán sugirió que una persona puede vivir con 360 mil pesos mensuales, afirmación que fue duramente cuestionada por profesionales de la salud y diversos sectores sociales.

El conflicto se dio en el marco de una entrevista emitida por el canal Todo Noticias (TN), donde María Belén Mansilla, representante de los médicos residentes del Garrahan, detalló las condiciones laborales del sector: jornadas de lunes a viernes de ocho horas, más seis guardias mensuales de 24 horas, por sueldos que rondan los 800 mil pesos. Según explicaron, esa cifra resulta insuficiente para cubrir gastos básicos como el alquiler, especialmente en un contexto de inflación sostenida.

La diputada, perteneciente al bloque libertario y aliada del oficialismo, respondió al reclamo citando un informe del INDEC que calcula la canasta básica individual en 360 mil pesos. Sin embargo, esa cifra corresponde al umbral de pobreza para una sola persona, mientras que para una familia tipo el valor estimado supera el 1,1 millón de pesos. La interpretación de Santillán fue calificada como errónea y desconectada de la realidad económica que enfrentan muchos trabajadores.

Además, los médicos denunciaron que los recientes aumentos anunciados por el Gobierno nacional no impactan en el salario formal, ya que se trata de bonos no remunerativos que no suman al haber mensual ni aportan a la jubilación. "No se trata de un capricho, sino de condiciones mínimas para ejercer nuestra profesión con dignidad", afirmó Mansilla.

Desde el entorno de la diputada no hubo rectificación tras el debate. Lejos de ello, Santillán insistió en su postura, minimizando el reclamo e insinuando que los médicos "no están conformes con lo que se les da".

El episodio volvió a poner en foco el descontento de los trabajadores de la salud con las políticas del gobierno de Javier Milei. Para los residentes del Garrahan, la situación evidencia una falta de reconocimiento al esfuerzo y la responsabilidad de quienes sostienen uno de los principales hospitales pediátricos del país.

Mientras tanto, la discusión sigue abierta y crecen las críticas hacia la gestión nacional por su respuesta ante una demanda que, más allá de lo salarial, plantea un debate profundo sobre las prioridades del Estado en el área de salud pública.